BARCELONA – Acaban de presentar el informe 2009 del Síndic. ¿Qué conclusiones extraen?
–Hemos detectado un aumento de quejas que muestran el efecto de la crisis sobre las personas. Especialmente en los servicios sociales. La renta básica de emancipación acumula la mayoría de quejas, seguida de todo lo que afecta a la Ley de la dependencia. Ha quedado en tercer lugar los problemas de la burocracia.
–¿Hay quejas derivadas del aumento de la inmigración?
– No hay problemas de convivencia entre inmigrantes y autóctonoas, el problema son los efectos de las crisis en la provisión de servicios sociales, que afecta a todos por igual.
–¿Está satisfecho con la nueva ley del Síndic?
–Se han hecho pasos muy importantes para fortalecer la figura del Síndic, con un estatus personal muy potente y unas competencias muy claras sobre las administraciones sobre las que puede actuar. También es importe que la nueva ley nos faculte para poder entrar en compañías privadas que dan servicios de interés general.
–Hay quien dice que con la ampliación de mandato prevista en la nueva ley el tripartito le ha garantizado su jubilación…
–Esta ampliación también se ha dado en el Consell de Garanties Estatutaries o la Oficina Antifraude. No ha sido cosa del tripartito, mi propuesta la votaron todos los parlamentarios. Esto me da independencia para actuar delante de una administración, sea del color que sea. Hay una tendencia a que la figura del Síndic sean personas maduritas. Yo ya tenía prácticamente el carné de la Imcerso, pero habría sido un irresponsable si no me hubiera sentido con la experiencia y la fuerza necesaria.
–Como defensor de los ciudadanos, ¿Ve posible la reconciliación con los políticos después de los casos de corrupción?
–En Cataluña hay 240.000 personas en las administraciones, es humano que hayan fallos, aunque hay que combatirlos. Si poco a poco va avanzando con la idea de servidor público y el código de buenas prácticas administrativas se  extiende, iremos mejorando.
–¿Qué ha pasado para que no haya confianza?
–No creo que no haya confianza. Cuando murió Franco, la gente creía que estábamos a un nivel alto de cultura democrática y que después vino la desafección. Es mentira, estábamos a un nivel muy bajo. Aunque hemos avanzado, aún queda camino.
–Usted es chairman de los ombudsmen europeos, ¿Ha detectado problemas transversales?
–Sí, el acceso a la información. No tiene sentido que en la era de internet el ciudadano tenga que pedir sus documentos en una ventanilla. Serviría para combatir la corrupción, cuanto más transparente sea la administración, menos margen para la corrupción. También sirve para acercar los poderes públicos al ciudadano y facilitar la vida a la gente.
––El Defensor del Pueblo ha recurrido en el TC que el Síndic tenga competencias exclusivas en Cataluña…
—Lo paradójico no es que el Defensor haya recurrido la figura del Síndic, sino que el título de derechos esté recurrido por el defensor de los derechos, que es el Defensor del Pueblo. Sin embargo, no hay país en el mundo que tenga el poder descentralizados que no tenga los defensores descentralizados. Si se lo cargan provocarán duplicidad de esfuerzos y malbaratamiento de dinero.
–¿Ha detectado un aumento de quejas por temas lingüísticos?
–El número de quejas lingüísticas es ínfimo. De cada tres personas que se quejan porque no pueden usar el catalán, una lo hace por el castellano. No hay problemas de convivencia por razones lingüísticas.

El defensor de las personas
Rafael Ribó (Barcelona, 1945) acaba de estrenar nuevo mandato como Síndic de Greuges. Cuando termine este mandato, Ribó habrá pasado 14 años defendiendo los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones. Dice estar convencido de que los poderes públicos toman buena nota de sus recomendaciones. Pese a todo, recuerda que hace dos años que denunció «el uso irregular del padrón con los inmigrantes», muchas antes de que problemas como los de Vic o Salt se conocieran. La misma historia ocurrió con el manual de buenas prácticas administrativas del Síndic, poco después de su publicación se destaparon casos de corrupción como la «operación Pretoria» o el «caso Millet».