Mérida

La Audiencia Provincial de Cáceres condenó ayer a Constancio Alvarado, ex secretario de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, a cinco años de prisión y a pagar una multa de 3.340 euros como responsable de un delito continuado de estafa contra inmigrantes cometido en 2005. Fue en esa época cuando el Gobierno abrió el proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España para empleadas de hogar que demostrasen que trabajaban durante unas horas en las viviendas y siempre que se pagaran ellas la Seguridad Social.

En la sentencia queda probado que el alto cargo gubernamental, junto a dos socios (también condenados), y aprovechando su puesto dentro del Estado, falsificó documentos oficiales de empleadores para inmigrantes y les cobró por ellos hasta 3.000 euros.

Para ello, Alvarado, con una experiencia de más de 18 años en la Subdelegación del Gobierno – dos como subsecretario – , recibía a las interesadas en un despacho de abogados cerca de la sede de la institución, donde les cobraba el dinero.

Un camarero de Cáceres, condenado a un año y nueve meses, conseguía DNI de falsos empleadores, aunque lo hizo siempre con jóvenes 18 y 19 años, que vivían con sus padres y no tenían dinero para contratar a una empleada de hogar. Los jóvenes engañados declararon que entregaron sus DNI para que le hiciesen una fotocopia pensando que era para promover la legalización de la marihuana.