A la «caza» del inmigrante

El Mundo, MARTA BELVER, 03-03-2010

Inmigración. Los controles de identidad a extranjeros se extienden desde las bocas del Metro a comedores sociales, locutorios y peluquerías. Un total de 140 asociaciones han instado por carta al Ministerio del Interior a suspender estas «prácticas ilegales» «Nos persiguen en la calle, en los lugares públicos, en las clases de castellano, incluso entran en los locutorios cuando estamos hablando y nos quitan el teléfono para pedirnos la documentación…». Habla Daouda Thiam, portavoz de la Asociación Sin Papeles de Madrid, y se refiere a los controles de identidad a los que la Policía Nacional somete al colectivo inmigrante.


Con su testimonio y el de otras organizaciones sociales, EL MUNDO ha esbozado el mapa de esta suerte de check points urbanos por los que sólo suelen pasar ciudadanos procedentes de África o América Latina. Bajo tierra o bajo la lluvia, de uniforme o de paisano, las fuerzas de seguridad del Estado realizaron el último año 445.000 inspecciones de este tipo en la región, 1.219 al día.


Las bocas de Metro en zonas con un alto porcentaje de residentes extranjeros son las principales ubicaciones de estas comisarías móviles (Cuatro Caminos, Usera, Vallecas…). También las estaciones que registran mayor número de pisadas, como Nuevos Ministerios y Avenida de América, el entorno de las embajadas y el barrio inmigrante por antonomasia, Lavapiés.


«Últimamente se hacen controles junto a los comedores sociales, como el de Martínez Campos, y a las puertas del Hospital Ramón y Cajal, donde algunos subsaharianos ayudan a aparcar», apunta Daniel Izuzquiza, coordinador de Pueblos Unidos.


Y añade: «Ayer mismo [por el lunes] recibí una carta de un párroco en la que relata que el día 11 [de febrero] interceptaron a una persona a la salida del ambulatorio y el 24 a otros cuatro indocumentados en el interior de una peluquería».


Hasta 140 asociaciones remitieron ayer una carta al Ministerio del Interior en la que califican este tipo de acciones de «absolutamente ilegales». Por ello, le exigen que dé «instrucciones claras y precisas a la Policía para que no se lleven a cabo detenciones preventivas ni controles de identidad masivos y racialmente orientados».


La situación, dicen, no es nueva, pero sí el hecho de que «hayan trascendido directrices escritas», a través de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería, para que las fuerzas de seguridad del Estado lleven a cabo «prácticas al margen de la ley». «El propio Sindicato Unificado de Policía ha llamado a no cumplir con tales indicaciones», subrayan.


En calidad de portavoz de este colectivo, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense, define este procedimiento como «la caza al inmigrante». A su juicio, así «se aboca a los agentes a que traten a los inmigrantes como si fueran delincuentes».


José Miguel Sánchez Tomás, letrado del Tribunal Constitucional, argumenta que el establecimiento de controles públicos en la calle sin que haya constancia de un delito que cause alarma social es ilegal. También la retención de ciudadanos extranjeros que, estando perfectamente documentados, no disponen de tarjeta de residencia en España. «No tener papeles es una infracción administrativa que puede suponer una multa de 501 euros, pero no es un delito», detalla.


Daouda Thiam es senegalés, lleva dos años y medio en la capital y con el castellano que ha aprendido entre sobresaltos explica que quiere «levantar el velo de silencio» sobre el trato que reciben los inmigrantes. «Cuando hay Policía en las estaciones o en el Metro, si son [pasajeros procedentes] de Europa, no les piden la documentación. Eso es injusto», se queja.


EL MUNDO ha podido presenciar cómo dos agentes de paisano que patrullan algunos días en un rellano de Nuevos Ministerios no detienen ni solicitan la documentación a viajeros con rasgos occidentales.


«He asistido y sufrido controles identificativos injustificados», agrega el portavoz de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que asegura que el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba ha llegado a justificar ante su organización la existencia de «redadas policiales» por el riesgo de atentados terroristas. «Y nosotros no tenemos aspecto de pertenecer a ETA…», apostilla con un deje sarcástico.


El Ministerio del Interior ha declinado hacer declaraciones sobre la carta que le han remitido las 140 organizaciones sociales. Por su parte, Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, declaró que la actuación de la Policía con los inmigrantes está siendo «impecable» y aseguró que no cree que exista ninguna política xenófoba por su parte, informa Europa Press.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)