Representantes de una veintena de asociaciones se echaron ayer a la calle para protestar ante la delegación del Gobierno vasco en Bilbao contra «los recortes» del Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales. Plataformas como SOS Racismo, el Consejo de la Juventud de Euskadi, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y la asociación contra la exclusión Berri – Otxoak tildaron la reforma de las prestaciones de «arbitraria, injusta y técnicamente ineficiente».

Los manifestantes aseguraron no entender «cómo en un contexto de crisis se ha aprobado el borrador del decreto de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda, ya que suponen un recorte drástico de los subsidios». Como ejemplo de esta reducción señalaban que «sólo se percibirán como máximo dos ayudas por vivienda y dejarán de tener validez los contratos de alquiler por habitaciones». Además, las agrupaciones denunciaron que «el complemento por salarios bajos se recibirá sólo durante dos años y se limita la atención sanitaria que no cubre Osakidetza».

Preguntados por estas medidas, fuentes del Gobierno vasco se remitieron a las declaraciones que realizó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en la comparecencia que protagonizó el pasado lunes, 15 de febrero. En la comisión de Políticas Sociales, Zabaleta explicó el desarrollo de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social y sostuvo que el objetivo del proyecto es «activar laboralmente a quienes reciban ayudas».

48.000 desempleados

Ainhoa Irazabal, portavoz de la protesta, denunció en un manifiesto que en Euskadi hay 48.000 desempleados que no reciben ningún tipo de prestación y 6.700 personas carecen de cobertura social. Según datos que barajan estas agrupaciones, 661 familias de Euskadi viven pendientes de un desahucio y las peticiones de ayuda a Cáritas y al Banco de Alimentos se han incrementado un 40%.

Los convocantes de la protesta recordaron que 890.000 ciudadanos vascos reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes. Una de las personas que se encuentran en esta situación es Estíbaliz, una actriz de 37 años que vive «de los bolos y actuaciones» que consigue «a duras penas». La artista, que percibe la renta básica de ingresos y comparte piso con otras tres personas, estudia Magisterio entre ensayo y ensayo. «Me esfuerzo para conseguir un empleo, no me quedo quieta», proclamó.

Ainhoa vive una situación aún más complicada. Trabaja como empleada doméstica «sin contrato». Con los 300 euros al mes que ingresa, no percibe ninguna prestación. «Me las han denegado todas», lamenta. Su sueldo es tan escaso que la joven se ha visto abocada a buscar refugio en la Posada de los Abrazos. «Allí aporto lo que puedo», explicaba ayer, mientras otros ciudadanos en su misma situación lanzaban consignas demandando a los poderes públicos más políticas sociales. De no ser por establecimientos como el de la calle San Francisco, Ainhoa tendría que pasar la noche al raso, una situación que tampoco es nueva para ella.