El trabajo es la principal motivación del inmigrante cuando decide abandonar su país. Sucede en España y por extensión, en la Comunitat Valenciana, donde viven 82.760 extranjeros cuya única oportunidad de mantener su permiso de residencia temporal radica en la renovación o mantenimiento de su contrato, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Solidaridad.

Se trata de personas que disponen de la autorización correspondiente para trabajar por cuenta ajena (asalariados) o por cuenta propia (autónomos).

De hecho, es el principal motivo para conseguir la residencia, por encima de otros procedimientos como estancias no lucrativas (visitas), reagrupaciones familiares o procedimientos de arraigo o asilo, que son otras de las opciones a las que acogerse para entrar en España. Eso sí, los datos sirven para tumbar algunas ideas preconcebidas, como explica Edgar Constante, presidente de la asociación ecuatoriana Juan Montalvo. «Hay pocas personas que consiguen ser autónomos y montar su negocio. Y eso a pesar de que dicen que los inmigrantes que lo consiguen no tienen que pagar impuestos. Debemos hacerlo como todos», señala Constante. Según la estadística, los extranjeros asalariados suponen el 13, 2% del total con autorización de residencia, mientras que los autónomos no llegan al 0,3%.

Según los datos de la Conselleria de Solidaridad que dirige Rafael Blasco, actualmente hay 610.279 extranjeros con permiso para residir, mientras que la población extranjera censada supera los 880.000 personas. Esto se debe a que en la última cifra se hace referencia también a inmigrantes ilegales empadronados y a aquellos extranjeros que tienen permisos especiales para estar en España, como lo de investigación y de estudios.

En los últimos dos años se ha producido un fenómeno llamativo, como el descenso de residentes de algunas nacionalidades como la ecuatoriana, la mayoría al margen de los programas de retorno voluntario. «Volver no vale la pena para muchos. Incluso desde la asociación hemos detectado personas que emigran hacia otros países europeos en busca de trabajo, como Suiza o Francia», explica Constante, quien matiza que la mayoría de traslados se hacen a nivel particular.

Lo mismo apuntan otras entidades. «El retorno no ha sido algo generalizado. Además, para aquellas personas que menos tienen no existen prestaciones», añade Alejandra Arboleda, coordinadora de América – España Solidaridad y Cooperación (Aesco).

De los 880.000 inmigrantes censados en la Comunitat (la segunda autonomía con mayor población extranjera sobre la total), poco más de la mitad acaban quedándose a vivir, lo que refuerza la idea de la motivación laboral. Según los últimos datos de Solidaridad, tienen ese derecho 348.192 extranjeros procedentes de países europeos y 122.665 inmigrantes de fuera de la UE que han conseguido la tarjeta de residencia permanente, lo que supone el 53% de la población total (889.340).

«El problema para la inmigración es la falta de oportunidades laborales», concluye Arboleda, «aunque la Comunitat y el Gobierno Valenciano son receptivos con las personas que llegan», sentencia. Y cita un ejemplo. «El curso de integración tiene mucha acogida».