El pleno del Ayuntamiento de Salt que debía aprobar el presupuesto para el 2010 tuvo que ser suspendido a causa de la irrupción en la sala de 300 vecinos que, con gritos e insultos, impidieron el normal desarrollo de la sesión. Para evitar males mayores, la alcaldesa Iolanda Pineda, previa consulta a los grupos municipales, decidió la suspensión, un hecho insólito en el consistorio. Previamente, había pedido que un representante de los manifestantes expusiera sus quejas, referidas a la falta de seguridad en la población, sin que nadie se erigiera en portavoz. Lo más inquietante de la protesta es, seguramente, la falta de una cabeza visible, de una organización que asumiera la reivindicación. Se trata de una especie de «revuelta popular» que es difícil de imaginar sin un dispositivo previo, sin una coordinación cuya autoría convendría que se esclareciera en los próximos días. Hace justo dos años, asociaciones de vecinos y comerciantes publicaron un documento que fue duramente criticado por instituciones y oenegés en el que se equiparaba el fenómeno creciente de la violencia con la inmigración. «Nos sentimos inseguros», decían, «con toda esa gente ocupando la calle».
La protesta del lunes no buscaba causas tan explícitas, pero se podía respirar en el ambiente una acusación similar, esta vez a través de un anonimato que invalida cualquier reivindicación. Lo cierto es que Salt es un municipio en el que el 42% de la población es de origen inmigrante, con un alto grado de indocumentación y niveles alarmantes de paro. Salt vive una situación de riesgo que no va a solucionarse con fuenteovejunas inducidos, sino con políticas firmes de integración y diálogo sin máscaras ni subterfugios.