La Policía Nacional ha liberado en Valencia a 14 inmigrantes que vivían hacinados en varios «pisos patera». En la operación también ha sido detenido el jefe de la banda rumana que explotaba laboralmente a sus compatriotas.

La organización prometía un puesto de trabajo y una vivienda digna, pero las víctimas eran alojadas en condiciones infrahumanas y pagaban hasta 200 euros al mes por compartir habitación.

El grupo delictivo disponía de una empresa de contratación laboral, y desde Rumanía se encargaba de captar a ciudadanos dispuestos a viajar a España para trabajar. La banda contaba en su país con una persona que vendía contratos falsos de trabajo previo pago de cantidades que oscilaban entre los 700 y 1.000 euros.

Antes del inicio del viaje, la organización se encargaba de la gestión de los diferentes trámites, como la obtención del billete de autobús en compañías que cobraban cantidades exorbitadas.

Cuando llegaban a la ciudad de Valencia, los hombres y mujeres eran trasladados a tres «pisos patera», donde vivían hacinados. Allí les explicaban que debían pagar entre 100 y 200 euros por compartir una habitación con otras tres o cuatro personas. En una sola vivienda, el cabecilla de la banda llegó a cobrar hasta 2.000 euros mensuales en concepto de alquiler a 10 inmigrantes, según se desprende de las investigaciones de la Policía Nacional.

En algunos casos, las víctimas no realizaban ninguna actividad laboral, por lo que no podían pagar el dinero que les exigía la red de inmigración ilegal. Una vez descontadas todas las cantidades de dinero que los inmigrantes tenían que pagar a la organización por el viaje y el alquiler de la vivienda, las víctimas sólo se quedaban con un 10 por ciento de su salario.

Además, los pocos días que trabajaban eran trasladados en un vehículo por el detenido, que también les cobraba cantidades abusivas por el transporte.

Como consecuencia de la investigación policial, los agentes detuvieron al presunto responsable de la organización en Valencia y liberaron a 14 de las personas que estaban siendo explotadas.

El arrestado, un hombre de 31 años cuya identidad no ha trascendido, es de nacionalidad rumana. El individuo está acusado de varios delitos contra el derecho de los trabajadores, estafa y falsificación. Tras leerle sus derechos, la policía trasladó al detenido a un calabozo.