Con un grado de consenso inusual durante la presente legislatura, las Juntas Generales aprobaron ayer una moción en la que instan al Gobierno vasco a trabajar de la mano de las diputaciones para presentar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero una propuesta común de solución a los problemas que Euskadi, y en especial Álava, viene sufriendo con la masiva llegada de menores extranjeros no acompañados (‘menas’). El texto consensuado por el PNV, PP, PSE, EA, EB y Aralar pide, entre otras cuestiones, la creación de un registro estatal de menores «único, compartido e informatizado que sirva como herramienta de coordinación para las administraciones competentes». Sólo los procuradores de la ilegalizada ANV no suscribieron el texto final, partido de la bancada peneuvista.

Primó el consenso y eso, hoy por hoy, es bastante caro de ver en la Cámara alavesa. De ahí que la moción finalmente aprobada quizá peque de generalidades y evite incluir negro sobre blanco un mayor número de medidas. Para muestra, la ausencia de dos de las tres principales exigencias reiteradas en los últimos meses por el Gabinete Agirre: restricción de la libertad de movimientos de estos chicos a lo largo y ancho de la Península o la aprobación por parte de las autoridades judiciales de un sistema común de determinación de la edad en casos sospechosos – el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una iniciativa en este sentido – . Sí menciona, por contra, la necesidad de que se llegue a un acuerdo sobre el número de ‘menas’ que tiene que acoger cada autonomía.

El texto, asimismo, insta al Gabinete de Patxi López a que presente con la «mayor urgencia posible» en la comisión interautonómica de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Política Social una propuesta consensuada con las diputaciones para «superar la disparidad de criterio, la falta de coordinación y la ausencia de solidaridad entre comunidades y otras instituciones competentes». Todo ello, sentencia el escrito, para garantizar la «protección de los menores», que pese a ser inmigrantes, no dejan de ser tales.

«Disparate jurídico»

Todos los grupos se felicitaron del consenso logrado, pero esto no fue óbice para que cada uno arrimara el ascua a su sardina. Fue el caso de la juntera del PNV María Jesús Agirre, que reprochó al PP cómo en muchas comunidades gobernadas por ellos no quieren ni oír hablar de estos ‘menas’. En esta misma línea se expresó la procuradora del PSE Eva Jiménez, quien aseguró que la pretensión de crear cupos entre comunidades es un «disparate jurídico». «¿Por qué el reparto no se hace en función de criterios de riqueza o PIB en lugar de por la población?», cuestionó antes de señalar que de aprobarse esta fórmula Vizcaya debería acoger 20 de Álava y 17 de Guipúzcoa para lograr el equilibrio en el conjunto de Euskadi.

Por su parte, la juntera del PP Ana Morales pidió a los grupos que hay que «huir de victimismos» y apostar por un fenómeno migratorio que está regulado y controlado. Sus palabras llegaron días después de que su partido anunciara una batería de propuestas para que el Gobierno central impulse la creación de centros de acogida en los países de origen de los chicos para que estén bajo la tutela de sus familias o de su gobiernos.