Insta a los agentes a no hacer detenciones preventivas porque las considera «ilegales» Madrid

En la guerra callejera que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado a los sin papeles, éstos cuentan desde ahora con unos aliados inesperados: los propios policías. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha llamado a los agentes a la rebelión contra la orden de la Comisaría General de Extranjería que les obliga a hacer redadas masivas de inmigrantes.

En un comunicado que ha enviado a sus afiliados, el sindicato mayoritario de la Policía denuncia que este sistema de redadas masivas e indiscriminadas de indocumentados es una «práctica ilegal, profesionalmente injusta y moralmente inaceptable». Porque no sólo «vulnera los derechos constitucionales» de los ciudadanos, argumenta, sino que también «pone en riesgo» las garantías jurídicas de los propios agentes.

El Sindicato Unificado de Policía alerta de que los funcionarios policiales pueden quedarse sin trabajo si se prestan a hacer este tipo de detenciones «ilegales», que se han generalizado desde que el Gobierno endureció su política en materia migratoria, fundamentalmente por la crisis económica. Hace exactamente un año, se conocía que los mandos policiales habían fijado cuotas semanales de arrestos de extranjeros en situación irregular.

«Numerosos policías han sido expulsados y condenados», advierte el sindicato. El inmigrante denuncia al policía por detenerle atendiendo al color de su piel y el juez acaba condenando al agente que, en realidad, se limitaba a cumplir las órdenes que le daban sus superiores.

El SUP recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, para identificar a un ciudadano debe darse el principio «de que exista un indicio racional» de que ha cometido un delito o lo puede cometer, «pero no existe jurisprudencia ninguna en la que se establezca que un policía puede identificar indiscriminadamente, sin motivo alguno de sospecha, a un ciudadano».

Y esto, en la práctica, se está produciendo desde hace tiempo. Rubalcaba lo niega, pero colectivos de inmigrantes denuncian que han sido víctimas de una cacería policial por la que se les persigue en el Metro, en la puerta de los colegios adonde van a recoger a sus hijos, en las proximidades de los consulados y en las embajadas, en los centros comerciales, en los ambulatorios, en los comedores sociales…

El pasado lunes, sin ir más lejos, EL MUNDO presenció cómo agentes de la Policía Nacional apostados en el Metro de Alvarado – en el multicultural barrio madrileño de Tetuán – dejaban pasar a los transeúntes con aspecto de ser españoles y pedían la identificación sólo a extranjeros. La semana pasada también hubo redada en el Metro de Lucero, una parada que los inmigrantes indocumentados ya procuran no pisar porque se ha corrido la voz de que es uno de los destinos favoritos de los agentes.

Los policías son los primeros interesados en que esto no siga ocurriendo. El SUP está preparando un recurso que presentará ante los tribunales y otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, contra la polémica circular 1/2010, la orden confidencial de la Comisaría General de Extranjería en la que se reconocen por escrito todas estas prácticas con ánimo de legitimarlas.

Según el SUP, esta instrucción «supone un paso más en la escalada en la que estamos inmersos de no respetar derechos constitucionales, de aplicar la ley más allá de lo que dice la norma, poniendo en riesgo nuestra seguridad al actuar como policías».

La circular, fechada el pasado 25 de enero, da instrucciones precisas a los agentes para que expulsen a los inmigrantes indocumentados «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible».

Esta instrucción asegura que la última reforma de la Ley de Extranjería – que entró en vigor a finales del año pasado – «posibilita» que se realicen estos arrestos preventivos.

«La detención cautelar es una figura jurídica que no existe en nuestra legislación, es propia de regímenes dictatoriales y no del siglo XXI», señalaba ayer José María Benito, portavoz del SUP. «Por eso hemos recomendado a nuestros afiliados que no cumplan la orden».

De hecho, en el comunicado del SUP este sindicato advierte a sus afiliados: «La identificación no justificada es un riesgo para tu seguridad, estás jugando a la ruleta rusa y, si te toca, despídete de tu profesión».

«Si el Gobierno quiere que este año se superen en Madrid las 445.000 identificaciones y 22.000 detenidos, debe hacer una ley que diga: ‘Los policías podrán solicitar la identificación de cualquier ciudadano sin causa justificada’», añade.