La decisión del Ministerio de Trabajo e Inmigración de excluir a los ciudadanos rumanos y búlgaros del Fondo de Apoyo a la Acogida de Inmigrantes dejará fuera de estas ayudas a más de 52.000 ciudadanos de estas dos nacionalidades que residen en la Comunidad.
Con esta decisión, el Gobierno central «ignora» a rumanos y búlgaros de la Comunidad a la hora de distribuir las ayudas para la integración por el hecho de ser extranjeros comunitarios tras haberse incorporado sus países recientemente a la Unión Europea, según denuncia la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.
En opinión del conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, se trata de «una decisión absurda» que recortará todavía más la financiación que el Ministerio destina a los gobiernos autonómicos. En este caso, además, perjudicará claramente a la Comunidad, donde residen 137.500 rumanos y más de 36.000 búlgaros «que no dejan de necesitar las ayudas sólo por el hecho de ser comunitarios», según Blasco.
Once millones menos
Durante 2010, el cómputo de rumanos y búlgaros en los criterios de distribución entre las comunidades del citado Fondo se reducirá un 30%, y se irá recortando progresivamente hasta extinguirse definitivamente en cuatro años. De esta forma, este mismo año quedarán excluidos ya 52.042 rumanos y búlgaros por tratarse de extranjeros comunitarios.
A juicio de la Conselleria, la Comunidad será una de las más perjudicadas por esta decisión del Gobierno, ya que estas dos poblaciones en especial de la rumana son de las que mayor peso tienen dentro del cómputo global de inmigrantes que residen en ella.
Para el conseller de Solidaridad, la exclusión de los rumanos y de los búlgaros del reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes es «la gota que colma el vaso», ya que este año el Gobierno ha reducido a la mitad la partida destinada a dicho Fondo. En concreto, de los 22,9 millones que le correspondieron en 2009, la Comunidad ha pasado este año a poco más de once millones, un 53% menos.
En opinión de la Conselleria, la región resulta «marginada» por el Gobierno en el reparto de las ayudas, pues recibe fondos que no se corresponden con la cantidad de inmigrantes que residen en ella. Tomando como referencia este año, la Comunidad recibirá un 11,3% del total del fondo, mientras la población inmigrante que acoge representa el 18,9% del total.