Ley del Menor. La presidenta de la Comunidad promueve una reforma de la Ley del Menor para que se castigue con más penas a los asesinos. Ayer se reunió un grupo de expertos Es insuficiente. No protege a la víctima ni garantiza la rehabilitación de los infractores. Es la opinión del PP. La Ley del Menor es joven y ha sido reformada varias veces. Tiene aspectos positivos, pero también carencias. Cada vez que se produce un crimen grave, los ciudadanos se preguntan sobre su utilidad. Muchos creen que tiene problemas importantes y que es preciso dar otra vuelta de tuerca.

Ayer, el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid convocó a varios expertos. Van a hacer una propuesta al Pleno, que la aprobará, para que el Gobierno central reforme la Ley. Será una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instará al Ejecutivo central a proteger a la víctima y castigar al culpable. Para que sea útil tendrá un articulado con las propuestas que sirvan para resolver los problemas actuales, según dijo David Pérez (PP).

Todas las opiniones fueron interesantes, pero sin duda, la de Javier San Sebastián, presidente de la Fundación O’Belén, fue la más clara. Su fundación gestiona centros de reforma de menores y sabe de qué habla porque convive con los infractores y sabe de sus problemas.

Considera que en los centros terapéuticos y de protección se mezclan perfiles muy distintos.

Hay chicos con problemas psiquiátricos severos, que se manifiestan en forma de trastornos de la conducta, algunos de los cuales delinquen, y chicos abandonados que han sido recogidos. Hay inmigrantes que necesitan protección. Todos juntos sin mucha relación en sus problemas. El representante de la fundación señaló que hay algunos con trastorno disocial, delincuentes habituales y menores de 14 y 12 años.

Cree que se producen mezclas de jóvenes con diferentes problemáticas sin que los gestores de los centros tengan un apartado administrativo y legal para que puedan hacer las cosas bien. «Si no tenemos herramientas, no tenemos amparo y nos cierran los cuartos de contención, ¿cómo vamos a poner intervenir de forma adecuada?», se preguntó Javier San Sebastián.

El Defensor del Menor, Arturo Canalda, se ha convertido en predicador en el desierto. Cada vez que se produce un crimen horrible, o se conoce que el Rafita, asesino de Sandra Palo, comete un delito, le preguntan y contesta lo mismo: hay que cambiar la Ley. Pero Canalda no es legislador.

Ayer reiteró que los problemas más importantes son dos: los delitos especialmente graves, que exigen respuestas graves. Hay menores de 14 años que delinquen y que no son objeto de la ley porque la norma establece que no tienen responsabilidad penal.

Sus propuestas son claras. Para los menores de 14 años que delinquen sería necesario establecer medidas educativas obligatorias. Los crímenes horribles deben tener tratamiento excepcional consecuente con la gravedad. No deberían salir hasta que se comprobara que realmente se han rehabilitado.

David Pérez (PP) cree que lo que se pretende es «subsanar errores y los fallos detectados». Tomás Gómez (PSOE) dijo ayer que no es preciso cambiar la Ley y que lo que tiene que hacer Aguirre es «cumplir con sus obligaciones». Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Cámara, acusó a Aguirre de querer usurpar el papel de Rajoy.

La experiencia de otros países

>El algunos países los infractores tienen la misma pena que los mayores, aunque con atenuantes. La edad penal es de 12 años en Holanda, 10 en Francia, siete en Suiza, 14 en Alemania, 10 en Inglaterra, 12 en Irlanda y Portugal y 14 en España.

>Los expertos coinciden: cuanto más joven llega el menor al centro, más posibilidades tiene de éxito su rehabilitación. Son precisos equipos multidisciplinares en los juzgados, así como en los centros de reinserción y demás instituciones.