La respuesta de los servicios sociales de la Administración hacia los menores de 14 años que cometen delitos especialmente graves debe ser “más rápida y concreta”, según admitió ayer la consejera de Bienestar Social, Angélica Such.

En una reunión junto a la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, y la fiscal coordinadora de menores, Gemma García, Such anunció ayer que estas instituciones pondrán en marcha un protocolo para agilizar la intervención con los chavales menores de 14 años que sean responsables de agresiones sexuales, lesiones graves, delitos contra la vida o aquellos que hayan llevado a cabo actos de menor gravedad pero que sean reincidentes.

Todos ellos están fuera de la Ley del Menor (que se aplica entre los 14 y 18 años) y que establece la posibilidad de aplicar medidas sancionadoras. En los niños de 11, 12 o 13 años, la atención está volcada en medidas protectoras y educativas que corresponden a los servicios sociales a través de la Administración. El protocolo pretende no sólo intervenir con mayor celeridad, sino hacerlo “con los profesionales adecuados para poder llevar a cabo la protección de ese menor”, indicó Such. Y ello no sólo por protegerlo, sino “por la alarma que se puede crear en el círculo en el que se desenvuelven, así como en la víctima y sus familias”.

La consejera también anunció que el centro de Monteolivete de Valencia que alberga a menores inmigrantes no acompañados y se encontraba constantemente colapsado – llegó a tener a menores durmiendo en colchones sobre el suelo – se encuentra en la actualidad con sólo 20 plazas ocupadas de las 80 que tiene. Such agradeció a la Fiscalía y los cuerpos de seguridad su intervención para acabar con el fraude que existía.

La fiscal coordinadora de menores explicó que más de la mitad de los internos eran mayores de edad que “aunque presentaban pasaportes en regla, el contenido de estos documentos no era real, lo que se pudo demostrar a través de pruebas óseas”. Estas actuaciones, desarrolladas el año pasado, han permitido que hoy se disponga en la provincia de Valencia de las plazas necesarias para los menores inmigrantes que las necesiten. Además, Bienestar Social anunció la creación de un centro de acogida para menores con trastornos de conducta, que se situará en el barrio de Campanar de Valencia y tendrá de 20 plazas.