El ministro de Justicia defiende el derecho de los inmigrantes a los abogados de oficio

Diario Sur, SUR, 10-02-2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ayer el derecho de todos los ciudadanos extranjeros que llegan a España, «tengan o no papeles», a la asistencia jurídica gratuita aunque, si luego se demuestra que tienen ingresos, se adopten las medidas precisas para reintegrarlo al tesoro público.

Así se refirió el ministro a la denuncia que ha hecho ante el Defensor del Pueblo el Colegio de Abogados de Melilla sobre lo que considera una discriminación y una vulneración de un derecho fundamental respecto a los inmigrantes marroquíes en procesos de devolución.

Según explicó a Efe el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita de la ciudad autónoma acordó exigir a los inmigrantes marroquíes en supuestos de devolución documentación de su país que acredite su situación económica con lo que, de hecho, «se imposibilita absolutamente el beneficio de asistencia jurídica gratuita».

Esta comisión está integrada por representantes de la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado, el Colegio de Abogados y un procurador, de los que los dos últimos se mostraron en contra del acuerdo, ha señalado Imbroda, quien ha indicado que este criterio se aplica desde principios de 2009 a estos inmigrantes, que son devueltos a Marruecos con prohibición de entrada. Por ello, el Colegio de Abogados de Melilla presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y estudia recurrir judicialmente el asunto.

El titular de Justicia se refirió a la decisión «restrictiva» adoptada por la citada comisión sobre la asistencia jurídica gratuita y ha confiado en que se resuelva la cuestión que, ha garantizado, se estudiará con detalle en el ministerio. No obstante, dejó claro que «a los ciudadanos extranjeros que llegan a España hay que facilitarles el derecho de asistencia jurídica» ya que «son personas, tengan o no papeles».

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