Los dos sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía mostraron ayer su rechazo frontal a las órdenes secretas del Ministerio del Interior para practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes ‘sin papeles’ y en la que instan a ventilar a «la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible» la expulsión de los irregulares. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), con 30.000 afiliados, llegó a acusar al Gobierno de «abocar a los policías a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión del cuerpo». El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, que adelantó que no va a retirar la circular, reconoció que la cúpula del Ministerio desconocía el contenido de las órdenes, pero aseguró que están avaladas por la ‘ley Corcuera’ de 1992 (Ley de Seguridad Ciudadana) y no se «separan ni un milímetro» de la normativa de extranjería.

El SUP, que anunció que recurrirá ante los tribunales la circular por «atentar contra derechos de los inmigrantes y poner en riesgo a los policías», señaló que las instrucciones «no respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos». El sindicato, tras consultar a sus servicios jurídicos, acusó a la Comisaría General de Extranjería de «ignorar» la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han rechazado una y otra vez la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que apela Interior, para las «detenciones preventivas» de extranjeros. «Se trata a los inmigrantes como delincuentes», apuntó el sindicato en un comunicado.

«La circular – según el SUP – abunda en las prácticas policiales que vulneran derechos civiles de ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que pueden incurrir en detenciones ilegales, y todo ello aderezado con una hipocresía política del Gobierno de la nación que mantiene un discurso político en sentido contrario a lo que ordena a los policías».

El otro sindicato mayoritario del cuerpo, la Confederación Española de Policía (CEP), con 22.000 afiliados, fue en idéntica dirección y subrayó que la circular «empuja a los funcionarios hacia un escenario de inseguridad jurídica muy peligroso». Según la CEP, si los agentes cumplen «a rajatabla», las directrices «podrían enfrentarse a las correspondientes acciones judiciales».

La central manifestó su «sospecha» de que estas instrucciones sean «otro intento de convertir los flujos migratorios ilegales en un elemento de mejora de la eficacia policial por su influencia sobre las estadísticas operativas».