Los dos sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía mostraron ayer su rechazo frontal a las órdenes secretas del Ministerio del Interior para practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes ‘sin papeles’ y en la que instan a ventilar a «la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible» la expulsión de los irregulares. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), con 30.000 afiliados, llegó a acusar al Gobierno de «abocar a los policías a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión del cuerpo». El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, que adelantó que no va a retirar la circular, reconoció que la cúpula del Ministerio desconocía el contenido de las órdenes, pero aseguró que están avaladas por la ‘ley Corcuera’ de 1992 (Ley de Seguridad Ciudadana) y no se «separan ni un milímetro» de la normativa de extranjería.

El SUP, que anunció que recurrirá ante los tribunales la circular por «atentar contra derechos de los inmigrantes y poner en riesgo a los policías», señaló que las instrucciones «no respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos». El sindicato, tras consultar a sus servicios jurídicos, acusó a la Comisaría General de Extranjería de «ignorar» la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han rechazado una y otra vez la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que apela Interior, para las «detenciones preventivas» de extranjeros. «Se trata a los inmigrantes como delincuentes», apuntó el sindicato en un comunicado.

«La circular – según el SUP – abunda en las prácticas policiales que vulneran derechos civiles de ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que pueden incurrir en detenciones ilegales, y todo ello aderezado con una hipocresía política del Gobierno de la nación que mantiene un discurso político en sentido contrario a lo que ordena a los policías».

El otro sindicato mayoritario del cuerpo, la Confederación Española de Policía (CEP), con 22.000 afiliados, fue en idéntica dirección y subrayó que la circular «empuja a los funcionarios hacia un escenario de inseguridad jurídica muy peligroso». Según la CEP, si los agentes cumplen «a rajatabla», las directrices «podrían enfrentarse a las correspondientes acciones judiciales».

La central manifestó su «sospecha» de que estas instrucciones sean «otro intento de convertir los flujos migratorios ilegales en un elemento de mejora de la eficacia policial por su influencia sobre las estadísticas operativas».

El Ministerio del Interior hizo ayer sordos a las airadas quejas de sus funcionarios y aseguró que mantendrá intacta la circular, que calificó de «garantista» con los derechos de los inmigrantes. En una nota oficial distribuida a última hora de la tarde, el departamento, que no se plantea cambio alguno en la instrucción, insistió en que las órdenes son legales y que no son «secretas» o «confidenciales» porque estaban a disposición de sus funcionarios en una web interna, una página a la que en modo alguno pueden acceder los abogados, jueces, fiscales y, ni mucho menos, los propios inmigrantes. De acuerdo con Interior, son sólo instrucciones técnicas ante la «complejidad» jurídica de la nueva ley y este documento no supone cambio alguno en la política de extranjería y expulsiones .

Las explicaciones no convencieron en el Parlamento, donde el PP e IU pedirán la comparecencia de Rubalcaba en la comisión de Interior. Ignacio Cosidó, portavoz popular de Interior, aseguró que la circular «es xenófoba y demuestra la política hipócrita» del Ministerio del Interior, que ordena «detenciones preventivas» mientras habla de la integración de los extracomunitarios.

«Ocultismo»

«Además, el hecho de que sea secreta pone de relieve el ocultismo en el que Pérez Rubalcaba ha sumergido a Interior», apuntó el diputado opositor, que insistió en que el PP es «partidario de la firmeza» frente a la inmigración irregular, pero «siempre desde el Estado de Derecho y sin ir más allá de la ley». En esa línea, pidió «valentía» al Gobierno para que, en lugar de hacer circulares, afronte una reforma de la ley de Extranjería con la que «contará con el espíritu de colaboración del PP».

Gaspar Llamazares, por su parte, criticó que desde Interior se relacione «inmigración y delito» y las órdenes de «redadas generalizadas». «En esta materia – argumentó – alguien no está diciendo toda la verdad, ya que cada vez que hay una redada, se dice (desde el Gobierno) que no hay instrucciones para redadas generalizadas».

El Defensor del Pueblo también terció para pedir de manera urgente una copia de la instrucción secreta para estudiar su legalidad.

El mayor colectivo de extranjeros del país, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, se unió asimismo a las críticas y reclamó al Gobierno la inmediata retirada de las instrucciones porque «legitiman la detención por sospecha» e incentivan la «xenofobia y el racismo», además de vulnerar la Constitución. La entidad aseguró que la circular da luz verde a la ‘expulsión exprés’ basada sólo en criterios de «culpabilidad», sin que los agentes tengan «tiempo para valorar el arraigo del inmigrante». El colectivo dijo esperar que el Defensor y el Parlamento «investiguen y sancionen» a los responsables de la instrucción.