Los dos sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía mostraron ayer su rechazo frontal a las órdenes secretas del Ministerio del Interior para practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes sin papeles y en la que instan a ventilar a «la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible» y por el «procedimiento preferente» la expulsión de los irregulares interceptados en la vía pública. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), con 30.000 afiliados, llegó a acusar al Gobierno de «abocar a los policías a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión del cuerpo». El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, que adelantó que no va a retirar la circular, reconoció que la cúpula del ministerio desconocía el contenido de las órdenes, pero aseguró que están avaladas por la ley Corcuera de 1992 (Ley de Seguridad Ciudadana) y no se «separan ni un milímetro» de la normativa de extranjería.

El SUP, que anunció que recurrirá ante los tribunales la circular por «atentar contra derechos de los inmigrantes y poner en riesgo a los policías», señaló que las instrucciones «no respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos». El sindicato, tras consultar a sus servicios jurídicos, acusó a la Comisaría General de Extranjería de ignorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han rechazado una y otra vez la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que apela Interior, para las «detenciones preventivas» de extranjeros. «Se trata a los inmigrantes como delincuentes, se dispone su detención preventiva contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional y, en definitiva, se retrocede en materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos al período constituyente».

El otro sindicato mayoritario, la Confederación Española de Policía, con 22.000 afiliados, fue en idéntica dirección y subrayó que si los agentes cumplen a rajatabla las nuevas directrices de Interior «podrían enfrentarse a las correspondientes acciones judiciales».