La Fiscalía de Menores encargará en próximas fechas pruebas óseas complementarias a las ya solicitadas por la Diputación a Osakidetza para comprobar, como viene exigiendo el Gabinete Agirre, si hasta 75 menores extranjeros no acompañados (‘menas’) acogidos por la institución foral son mayores de edad. Así lo solicitó el pasado jueves por carta la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, quien adjuntó un listado con el nombre de estos jóvenes.

El documento, según ha podido saber EL CORREO, se desglosa en cinco apartados en función de los resultados de la prueba ósea ya realizada en Txagorritxu. Hay 43 ‘menas’ con «19 años o más», veinte con «19», uno con «entre 18 y 19», tres con «entre 18 y 18,5» y ocho con «18 años». Tomando como referencia los análisis radiodiagnósticos y los informes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Solaguren dice que existe «una discrepancia significativa con los datos de sus pasaportes. Por tanto, entiende que hay «dudas importantes y razonables en relación a que su complexión física y grado de madurez puede corresponderse con el de personas mayores de edad».

Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía, que deberá hacer las pruebas que la Diputación, o eso es lo que asegura, le viene exigiendo desde hace meses. Sin ir más lejos, ayer, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, recordó que ésta es la «séptima» comunicación escrita que se le hace al Ministerio Público.

La Fiscalía, según las fuentes consultadas, está decidida a efectuarlas, aunque se desconoce cuándo las encargará. El motivo es la forma en la que el Gabinete Agirre ha tramitado la petición, adjuntando únicamente nombres y apellidos. Al parecer, lo que el Ministerio Público le va a solicitar es que presente expediente por expediente, incorporando en cada caso todo lo referido al joven, ya sea la prueba ósea practicada, su documentación o su reseña policial cuando llegó a España vía Canarias.

Análisis «ilegales»

Este nuevo avance en el conflicto de los menores extranjeros acogidos por la Diputación se produce tan sólo unos días después de que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria, Josu Izaguirre, asegurara que las pruebas médicas encargadas por la Diputación son «ilegales», por entender que el único competente es el Ministerio Público. De hecho, ha enviado un oficio al médico que practicó estos análisis para que expliqué cómo los ha hecho, cuándo, o su grado de fiabilidad, y éste le ha remitido a los servicios jurídicos de Osakidetza.

Las pruebas complementarias que en próximas fechas encargará la Fiscalía servirán de base a la Diputación para otorgar las órdenes de tutela a los ‘menas’, un documento que necesitan para regularizar su situación administrativa.