Los dos sindicatos mayoritarios del Cuerpo Nacional de Policía mostraron ayer su rechazo frontal a las órdenes secretas del Ministerio del Interior para practicar «detenciones preventivas» de inmigrantes ‘sin papeles’ y en la que instan a ventilar a «la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible» la expulsión de los irregulares. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), con 30.000 afiliados, llegó a acusar al Gobierno de «abocar a los policías a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión del Cuerpo». El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, que adelantó que no va a retirar la circular, reconoció que la cúpula del Ministerio desconocía el contenido de las órdenes, pero aseguró que están avaladas por la ‘ley Corcuera’ de 1992 y no se «separan ni un milímetro» de la normativa de extranjería.

El SUP, que anunció que recurrirá ante los tribunales la circular por «atentar contra derechos de los inmigrantes y poner en riesgo a los policías», señaló que las instrucciones «no respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos». El sindicato, tras consultar a sus servicios jurídicos, acusó a la Comisaría General de Extranjería de «ignorar» la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han rechazado una y otra vez la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que apela Interior, para las «detenciones preventivas» de extranjeros. «Se trata a los inmigrantes como delincuentes», apuntó el sindicato en un comunicado.

La otra central mayoritaria del cuerpo, la Confederación Española de Policía (CEP), con 22.000 afiliados, fue en idéntica dirección y subrayó que la circular «empuja a los funcionarios hacia un escenario de inseguridad jurídica muy peligroso».

Sin cambios

El Ministerio del Interior hizo ayer oídos sordos a las airadas quejas de sus funcionarios y aseguró que mantendrá intacta la circular, que calificó de «garantista» con los derechos de los inmigrantes. Interior insistió en que las órdenes son legales y que no son secretas porque estaban a disposición de los funcionarios, aunque no de los abogados, jueces, fiscales ni de los propios inmigrantes. De acuerdo con su versión, son sólo instrucciones técnicas ante la «complejidad» jurídica de la nueva ley y este documento no supone cambio alguno en la política de extranjería y expulsiones del Gobierno. Las explicaciones no convencieron en el Parlamento, donde el PP e IU anunciaron que pedirán la comparecencia de Pérez Rubalcaba en la comisión de Interior. El Defensor del Pueblo también terció para pedir de manera urgente una copia de la instrucción secreta para estudiar su legalidad.

El mayor colectivo de extranjeros de España, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, se unió asimismo a las críticas y reclamó al Gobierno la inmediata retirada de las instrucciones porque «legitiman la detención por sospecha» e incentivan la «xenofobia y el racismo», además de vulnerar la Constitución.