En Valencia los agentes van a la prisión tres veces a la semana Valencia

El Ministerio de Interior no está dispuesto a dejar títere con cabeza en su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados y ha profundizado aún más sus propósitos. Ahora, quiere extender las expulsiones express también a las cárceles, y así lo ha ordenado a la Policía.

El objetivo es que cuando un preso salde sus cuentas con la ley no pise la calle, sino que se le devuelva lo más rápido posible a su país de origen. En Valencia, la Policía ya está preparada y desde principios de mes va a la prisión de Picassent tres días a la semana para revisar quién termina condena e incoar el preceptivo expediente de expulsión. La Ley de Extranjería contempla este extremo, pero los abogados expertos en el área temen que se produzcan abusos.

Como todas las actuaciones que se van a llevar a cabo con la nueva normativa, el Gobierno ha dado estas instrucciones a la Policía con sumo cuidado y los agentes la han trasladado a los colectivos implicados casi en secreto, sin mostrar la circular remitida a las distintas comisarías. Muchos de los letrados consultados consideran que la maniobra de Interior que ejecutará la Policía «penaliza dos veces a la persona». Y no les falta razón. ¿Por qué esperar a agotar la condena?

El próximo viernes se analizará esta situación en el Consejo de la Abogacía. Los afectados por la modificación de la Ley de Extranjería serán presos inmigrantes sin papeles que terminen su condena, los que tengan un permiso temporal (el que les dan por los cinco primeros años de estancia en el país) y la medida incluso podría alcanzar a los comunitarios.

Por ejemplo, un hombre de nacionalidad marroquí casado con una española con una condena de cinco años. Su expulsión se tramitaría con arreglo al reglamento comunitario, mucho más hermético que la Ley de Extranjería, y se podría alegar que su presencia en el país supone un peligro para la sociedad.

Los letrados consultados explican que, hasta ahora, estas situaciones se habían dado con cuentagotas. «A partir de ya, los abogados vamos a estar ojo avizor para que se respete la ley y vamos a denunciar cualquier abuso que se pueda producir. Hay que estar atentos para evitar que la nueva ley sea fuente de abusos, que no de ilegalidad», argumenta el presidente de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Solans.

«Lo único que nos quedará será controlar que no se produzcan atropellos ni se incurra en ilegalidades», apostillaron los letrados consultados por este periódico.

El colectivo extremará el celo con las visitas semanales de la Policía al centro penitenciario de Picassent.