La circular secreta del Ministerio del Interior en la que ordena expulsiones exprés de inmigrantes puede tener sus días contados. El sindicato mayoritario de la Policía prepara acciones legales para anular esas instrucciones para que los expedientes de deportación de los ‘sin papeles’ se tramiten «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible», mientras la abogacía directamente las tacha de «xenófobas».

El PP anunció ayer que pedirá «explicaciones al Gobierno» sobre ese documento adelantado por este periódico que da luz verde a la «detención preventiva» de cualquier inmigrante, documentado o indocumentado, que no pueda demostrar en el momento que se encuentra en situación regular en España. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del partido opositor, aseguró que su formación quiere conocer de boca del Gobierno el alcance de esta circular antes de tomar una posición, ya que es «un asunto muy serio».

Más contundente fue el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que tildó de «xenófobas» las instrucciones secretas dictadas el pasado 25 de enero por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del CGAE, explicó que la polémica circular 1/2010 que se ha distribuido por las comisarías y de toda España no es «una mera directiva», sino una suerte de «reglamento» de la Ley de Extranjería «encubierto» que «afecta a derechos fundamentales». El organismo de los letrados, en consecuencia, acusó a la Policía de «arrogarse funciones del poder legislativo haciendo una interpretación propia» de la normativa sobre inmigración.

«Grave indefensión»

Aguelo, quien apuntó que el carácter secreto de las instrucciones crea una «grave indefensión jurídica» a los extracomunitarios y a los abogados que los defienden, tachó la circular de «poco acorde con la Constitución», «muy preocupante» y «represiva», sobre todo porque, en su opinión, convierte el extraordinario procedimiento preferente de expulsión (una excepción en la ley) en el «cauce ordinario».

Para el responsable del órgano de gobierno de los letrados, es especialmente «sangrante» la apología de las «detenciones preventivas» que el Ministerio del Interior hace en el documento, sobre todo después de que en varias ocasiones el Consejo Europeo de Derechos Humanos haya criticado a España por este tipo de arrestos preventivos «basados en el color de la piel».

La subcomisión de Extranjería se reunirá esta semana para analizar la circular y las medidas que adoptarán los abogados, que se consideran, junto con los inmigrantes, el colectivo más damnificado por unas instrucciones confidenciales sobre los derechos fundamentales de sus clientes a las que no tienen acceso oficial. La CGAE tiene intención de pedir explicaciones a la Comisaría General de Extranjería y no descarta recurrir al Defensor del Pueblo.

El enfado también ha sido mayúsculo en el Sindicato Unificado de la Policía, SUP, mayoritario en el cuerpo. El secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, tras conocer el contenido de la circular, ha encargado un informe a los servicios jurídicos para intentar anular las instrucciones. Aunque el sindicato espera en los próximos días anunciar medidas concretas contra esta circular, ya indicó que sus letrados han encontrado varios aspectos muy polémicos en el documento, ya que, a priori, ordenarían a los funcionarios llevar a cabo acciones al límite de la legalidad, como son las controvertidas «detenciones preventivas».

«Profunda alarma»

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fue aún más allá y acusó al Ministerio del Interior de «modificar por la vía de hecho el contenido de una norma superior, la Ley de Extranjería, en lo que se refiera a su régimen sancionador», que insiste en que la norma debe ser la multa y no la expulsión. Según el letrado Javier Galparsoro, miembro del Comité Ejecutivo de la comisión, la circular es «lo más grave y contrario a la ley que hemos visto en 20 años».

Galparsoro insistió en la «profunda alarma» que las instrucciones han provocado entre los abogados por «el toque de secretismo en una norma que afecta a los derechos fundamentales». «La circular simplemente consagra que la expulsión debe ser la regla imperante, ampliando por su cuenta conceptos legales», apuntó.