La circular secreta del Ministerio del Interior en la que ordena expulsiones exprés de inmigrantes puede tener sus días contados. El sindicato mayoritario de la policía prepara acciones legales para anular esas instrucciones para que los expedientes de deportación de los sin papeles se tramiten «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible», mientras la abogacía directamente las tacha de xenófobas.

El PP anunció ayer que pedirá explicaciones al Gobierno sobre ese documento publicado por Colpisa que da luz verde a la «detención preventiva» de cualquier inmigrante, documentado o indocumentado, que no pueda demostrar en el momento que se encuentra en situación regular en España. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del partido opositor, aseguró que su formación quiere conocer de boca del Gobierno el alcance de esta circular antes de tomar una posición, ya que es «un asunto muy serio».

Más contundente fue el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que tildó de xenófobas las instrucciones secretas dictadas el pasado 25 de enero por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del CGAE, explicó que la polémica circular 1/2010 que se ha distribuido por las comisarías de toda España no es «una mera directiva», sino una suerte de «reglamento» de la Ley de Extranjería «encubierto», que «afecta a derechos fundamentales». El organismo de los letrados, en consecuencia, acusó a la policía de «arrogarse funciones del poder legislativo haciendo una interpretación propia» de la normativa sobre inmigración.

Aguelo, que apuntó que el carácter secreto de las instrucciones crea una «grave indefensión jurídica» a los extracomunitarios, tachó la circular de «poco acorde con la Constitución», «muy preocupante» y «represiva», sobre todo porque, en su opinión, convierte el extraordinario procedimiento preferente de expulsión (una excepción en la ley) en el «cauce ordinario».