Madrid deja sin tutela a un menor camerunés a pesar de que el pasaporte y la embajada corroboran que no es adulto Madrid

Nació el 5 de mayo de 1992 en Duala (Camerún) y, a pesar de tener 17 años, es mayor de edad para la Comunidad de Madrid.

En el mismo laberinto que E. andan metidos una veintena de menores inmigrantes subsaharianos a los que la Administración madrileña no considera como tales. Para la Comunidad tienen más valor las pruebas oseométricas encargadas a una clínica privada que la fecha de nacimiento que aparece en el pasaporte oficial de un país africano.

El caso que llegó ayer a la Fiscalía de Menores de la capital es el del camerunés E., que dejó en patera su país, a la edad en que salen las espinillas, para acabar en Granada. En octubre alcanzó la orilla de Madrid, la Policía le miró el pasaporte y los agentes derivaron al joven a los servicios de protección de menores. Justo ahí se acabó el recorrido: la Administración decidió hacerle unas pruebas óseas para determinar su edad a pesar de tener documentación acreditativa. Los resultados dijeron que tiene 18 años (con un margen de error de 18 meses). El Instituto Madrileño del Menor le comunicó este pasado jueves a E. que no será tutelado ni incluido en los servicios de protección.

De nada ha servido que el joven acompañara el lunes su pasaporte de un certificado de autenticidad firmado por el embajador de Camerún. No es sólo el rechazo institucional lo que acontece, sucede también que la Comunidad de Madrid ha decidido denunciar al subsahariano por falsedad en documento público. El nuevo sin papeles puede ser expulsado en cualquier momento.

«Esto es una práctica aberrante. Revela la indefensión que tienen los menores ante la Administración que supuestamente les protege», señala el abogado Nacho de la Mata, que se ha hecho cargo del caso de E. «Está solo. No tiene a nadie aquí. Ahora quieren echarle».

De la Mata, activista de la Coordinadora de Barrios, ha presentado ya un recurso en los juzgados de Primera Instancia contra la decisión de extinguir su protección. Además, ha solicitado una medida cautelarísima en vía civil para frenar el asunto.

Arropado por miembros de otros colectivos, ayer acudió a la Fiscalía de Menores a solicitar una intervención. Ésta se negó a actuar.

«Conocemos el caso porque tenemos así a 18 chicos», se lamenta Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que trabaja con menores en situación de riesgo de exclusión social. «Estamos asombrados de que la Comunidad de Madrid dé más valor a una prueba radiológica que tiene un margen de error de año y medio que a un documento público emitido por un país y corroborado por un embajador».

De los 18 casos referidos por la Fundación Raíces, hasta hoy les han dado la razón en tres. La Policía Científica acabó validando los pasaportes y la Justicia resolvió que la Comunidad reasumiera la tutela. El problema vino cuando la juez trató de ponerse en contacto con los chicos: los habían arrojado a la calle meses atrás. Sin pasaporte. Y sin modo alguno de localizarlos.