Los ministros de Interior y de Trabajo italianos tienen ya lista la última invención jurídica para “evaluar y garantizar”, dicen, la voluntad de integración de los inmigrantes. Se trata del permiso de residencia por puntos, que obligará a los extranjeros a superar diversas pruebas y exámenes en dos años para residir legalmente en el país. Lengua italiana, Constitución y reglas cívicas, escolarización de los hijos y tener al día el pago de impuestos. Si cumplen esos cuatro requisitos con una puntuación de 30 en 24 meses, los inmigrantes obtendrán el permiso de residencia. Si no, tendrán un año para recuperar. Si siguen suspendiendo, serán expulsados.

Los puntos se restarán si los aspirantes infringen el Código Penal, si no llevan a sus hijos al colegio (cláusula pensada ad hoc para los ciudadanos gitanos), si no acreditan un contrato transparente de alquiler en una vivienda digna o si no han obtenido la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social. El Gobierno italiano, cuyo jefe y varios ministros tienen procesos abiertos o antecedentes penales, entiende que aquel inmigrante que no alcance los 30 puntos no habrá respetado el “acuerdo de integración” con el Estado, que será regulado en breve con un decreto del Consejo de Ministros.

La oposición ha recibido el anuncio entre el sarcasmo y la perplejidad: “Ser extranjero en Italia significa ser objeto de una escandalosa lotería social cuyos jueces hacen trampas desde la salida. Somos el país más xenófobo de Europa, felicidades a los ministros”, ha afirmado el diputado del Partido Demócrata (PD) Gian Claudio Bressa.

Las asociaciones de inmigrantes señalan la ironía que supone exigir a los foráneos aprenderse en unos meses una Constitución que el propio primer ministro denigra con cierta frecuencia y quiere reformar a toda costa, y han citado las habituales amnistías a los evasores fiscales y las tradicionales manifestaciones secesionistas de la Liga Norte. “Es otro triunfo de la Liga”, dice Shukri Said, portavoz de Migrare. “Berlusconi es su rehén electoral y convierte en ley la agenda racista de la Liga ante el silencio de Europa. Si la UE pusiera un permiso de legalidad por puntos al Estado italiano no lo pasaría porque viola cotidiana y sistemáticamente los derechos civiles de los inmigrantes”.

“El permiso por puntos obstaculizará la integración y favorecerá la irregularidad”, ha dicho la responsable de inmigración del PD, Livia Turco, que ha recordado que hoy el Gobierno tarda más de un año en conceder los permisos de residencia, aunque la ley da un plazo máximo de 20 días. El ministro de Trabajo y Sanidad, Maurizio Sacconi, ha aclarado que quien opte al permiso por puntos será “responsabilizado con derechos y deberes”. Tras enumerar los deberes citados más arriba, se refirió a los derechos: los cursos serán gratis. “Lo pagará todo el Estado para garantizar estándares uniformes en todas las provincias y tenerlo todo bajo control”.