La Coordinadora de Inmigrantes de Navarra (CIN) ha solicitado a los grupos parlamentarios navarros que recurran la nueva Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional. Representantes de esta entidad comparecieron en la comisión de Relaciones Institucionales del Parlamento foral, a petición propia y avalados por los cinco grupos parlamentarios.

“La CIN está formada tanto por personas inmigrantes como de la sociedad de acogida, y trabaja desde hace año y medio en contra de la xenofobia y en favor de la igualdad de trato”, precisó su representante, Marcelo Argañaraz del Arco. Éste se mostró muy crítico con la última reforma de la Ley de Extranjería (L.O. 9/2009). “Pensamos que se ha aportado alguna posible mejora respecto a los proyectos iniciales, que no es producto de decisiones políticas sino del Tribunal Constitucional, pero, en general, supone un recorte de derechos, más que una mejora”.

Por ello, pidió a los diferentes grupos parlamentarios que estudien “todos los puntos en los que la reforma de la Ley de Extranjería pueda ser anticonstitucional y, llegado el caso, lo recurran, como ya hicieron con el anterior proyecto”. A su juicio, la reforma del pasado 7 de diciembre “no elimina obstáculos existentes respecto a la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular y añade otros en aspectos como el acceso a la educación y la sanidad, así como en el permiso de residencia para mujeres víctimas de violencia de género”.

Asimismo, Argañaraz criticó que el periodo máximo de detención de irregulares pase de 30 a 60 días. “El internamiento se realiza en centros de detención de personas sin ninguna base legal, y sin ningún estatus ni reglamento, donde están peor que los presos en la cárcel. Son auténticos guantánamos”. En ese sentido, pidió al Parlamento “que se posicione en contra de la apertura de algún tipo de centro de internamiento de extranjeros en Navarra”.

Por último, la CIN propuso “a todos los agentes sociales, la firma de un pacto en Navarra por la inmigración, que incluiría medidas como un código deontológico de los medios de comunicación y un acuerdo para no usarla con utilitarismo electoral”.