La España municipal

Diario de Navarra, MANUEL PULIDO QUECEDO ES DOCTOR EN DERECHO CONSTITUCIONAL, 02-02-2010

S UELE ser habitual entre las gentes de la política el ensalzamiento de la vida municipal. ¡Nada tan gratificante como ser alcalde!, – propenden a recordar – aquellos próceres que han coronado su vida pública con otros cargos. Repasen las listas y así al menos se expresan. Ser alcalde de Barcelona o Madrid puede ser más importante que alguna poltrona ministerial.
Sin embargo, tenemos ejemplos de alcaldes discretos, que luego han sido ministros aún más discretos y que sin embargo, luego son buenos embajadores: el ejemplo reciente de nuestro actual embajador en Turquía, que no destacó ni como alcalde de Barcelona ni tampoco como Ministro de Industria, el Sr. Clos. Otros, bien al contrario, fueron buenos alcaldes, como Maragall de Barcelona y no lo hicieron mejor al dar el salto al Palacio de la Generalidad; por el contrario, algún otro como Gallardón, ha sido buen presidente de Comunidad y mejor alcalde. Sigan con la lista y sacará cada cual sus consecuencias.

Si reparo en la excelente cantera de la vida municipal, aunque ni Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar o Zapatero, tuvieron veleidades municipales, es por lo que hoy representan los alcaldes de Ascó, Yebra o Vich. Porque amén de poner su pueblo o localidad en el mapa nacional, han dado en el clavo – al menos el de Ascó o Yebra – por tocar temas importantes para la vida municipal y para el país entero, si tenemos presente el debate de lo nuclear y la problemática de la eliminación de sus residuos.

Ante la inacción del Gobierno de la Nación en materia energética o del empadronamiento de ilegales, porque para su imaginario electorado no es políticamente correcto, han tenido que ser los esforzados cargos de municipios pequeños los que planteen los temas difíciles pero reales como la vida misma, como ha ocurrido con la difícil papeleta del empadronamiento de ilegales, cual oximorón de imposible entendimiento en el ayuntamiento de Vich (famoso por su buen salchichón) y ahora por lo del empadronamiento.

Bien es cierto que en la política emigratoria de este país casi todos los actores públicos tengan su cuota parte de responsabilidad, aunque no en la misma proporción. Hasta el TC llegó a decir y es palabra de Constitución, que los ilegales tienen derechos constitucionales como el de asociación o el de huelga y hasta casi llegó a reconocer (Caso Rasougui) que el derecho a entrar en un país es un derecho que posee todo hombre por el hecho de serlo. Por muy loable y entrañable que sea toda esa retórica humanista está desconectada de la política real, de los problemas diarios y trufado, al fin y a al postre, de cierta demagogia.

Por esa razón, me quito el sombrero ante estos esforzados munícipes, que más allá de lo políticamente correcto han sabido situar en el centro de las preocupaciones ciudadanas algunos de nuestros problemas actuales. En el caso de Ascó hemos sabido que el enterramiento de residuos nucleares en Francia nos ha costado desde los años ochenta la friolera de más de 630 millones de euros por los residuos generados por la extinta Vandellòs 1. Y que a partir de enero del 2011, la prórroga del contrato costará 59.000 euros al día (21,9 millones anuales)….

Ante estos datos, algún político con responsabilidades ministeriales o de Comunidad Autónoma podría tomar el relevo de los munícipes y empezar a hacer Política con mayúsculas, si es que hay liderazgo. O ¿es que no lo hay?

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