Cornellà y otros ayuntamientos catalanes dificultan los trámites para lograr el arraigo Barcelona

El Ayuntamiento de Vic abrió la polémica, pero otros municipios recurren a argucias para evitar el mal uso del padrón por parte de inmigrantes no regularizados. Y a la cabeza de estos pueblos, el Ayuntamiento socialista de Cornellà de Llobregat, que fue gobernado por José Montilla durante 19 años.

Un informe jurídico del Col·lectiu Ronda valora que los municipios barceloneses Santa Margarida i els Monjos (PSC), Vilafranca del Penedès (CiU), Sant Boi de Llobregat (PSC) y el citado Cornellà restringen a inmigrantes el trámite del Informe de Inserción Social, previo a la autorización de residencia por arraigo. El abogado Sergi Santacana considera que estos ayuntamientos tienen criterios «más restrictivos que los establecidos por la ley», como exigir la residencia en el municipio o la participación en una de sus entidades durante por lo menos seis meses.

El Estado establece como requisitos legales para autorizar la inscripción en el censo la acreditación de la residencia ininterrumpida en España durante tres años; la integración en redes sociales, el dominio de los idiomas oficiales y un contrato u oferta de trabajo.

En su dictamen jurídico, el Col·lectiu Ronda insiste en que el empadronamiento se debe inscribir a todos los que residen de forma habitual en un municipio, incluyendo a los que están también en situación irregular, y destaca que los ayuntamientos «no tienen potestad» para limitar el número de empadronados en cada vivienda, en referencia a los pisos patera.

Este grupo de abogados, que siempre ha apoyado las reivindicaciones de los inmigrantes, argumenta que el Estado no podría expulsar a los extranjeros en situación irregular del país sin el padrón, porque debe conocer su identidad, y añadió que la propia Ley de Bases del Régimen Local pide anotar el número de pasaporte de inmigrantes sin permiso de residencia. Sin embargo, el informe duda de que la Policía Nacional pueda acceder a los datos del padrón, y señaló que la autoridad competente es el delegado del Gobierno.

Además, el informe destaca que muchos ayuntamientos catalanes piden requisitos relacionados con el tiempo de empadronamiento para emitir un informe prescriptivo y previo a la obtención de la residencia por arraigo social. Santacana recordó que la ley no exige este tipo de datos relacionados con el padrón y por eso considera «ilegales» las peticiones municipales.