Los regidores cobran protagonismo al luchar por la supervivencia de sus municipios

La figura del alcalde ha cobrado súbito protagonismo político a raíz de episodios de alto voltaje como el empadronamiento de los inmigrantes irregulares o el concurso para albergar el almacén centralizado de residuos nucleares. Muy a su pesar, los regidores de Vic, Torrejón de Ardoz, Ascó o Yebra han sido el centro de vehementes debates nacionales en los que han participado las cúpulas de los partidos políticos, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos concernidos. Y con ellos se ha reabierto la cuestión de la autonomía municipal, del encaje de la administración local en el conjunto del Estado y, sobre todo, la agustiosa situación financiera por la que atraviesa la mayoría de los ayuntamientos.
       Este último punto es la causa y el origen de la rebelión municipal. Mientras el sector de la construcción fue la locomotora del crecimiento económico, los ayuntamientos llenaron sus arcas, renovaron sus calles, ampliaron sus servicios y asumieron gastos desmesurados de nuevos ricos. El río de dinero que fluía del ladrillo lo tapaba todo. El pinchazo de la burbuja despertó a los ediles de su sueño, y donde antes había harina ahora sólo hay mohína. Los tributos, tasas y arbitrios ya no alcanzan ni para pagar a las plantillas sobredimensionadas, ni para costear los servicios municipales sobrevenidos, ni para atender a una bolsa creciente de marginados. En el colmo de la penuria, centenares de alcaldías han desviado a Caritas a vecinos que pedían ayuda. Además, sobre la administración local han recaído nuevas competencias y han asumido servicios sin la suficiente financiación, así que deben hacer frente a más obligaciones con menos recursos. Para resumir, baste el dato de que los ayuntamientos acumulan una deuda de 32.000 millones de euros y no pagan a casi nadie, lo que ha provocado el cierre de miles de empresas y el despido de cientos de miles de trabajadores. Así se explica, aunque no se justifique, que alcaldes como el de Vic se nieguen a asumir más inmigrantes de los que pueden atender. O que municipios que se enfrentan a una muerte lenta, sin medios de supervivencia para sus pobladores, se aferren a esa especie de lotería en que se ha convertido el concurso del ATC. Es probable que la situación no sería tan asfixiante si el Gobierno socialista hubiera cumplido en 2008 su promesa de reformar la Ley de Financiación Local, pero sacrificó  los municipios a la financiación autonómica que exigía imperiosamente Cataluña. Repartido el dinero y los impuestos entre las autonomías, los ayuntamientos se han quedado a dos velas y sin nadie desde la Federación Española de Municipios (FEMP) que dé la cara por ellos frente al Gobierno socialista. Pues el tan cacareado Plan E no ha sido más que un espejismo para maquillar temporalmente  las cifras del paro, sin efecto apreciable en las arcas locales. De este modo, los regidores se ven abocados a disputarse con las diputaciones y los gobiernos regionales los escasos recursos financieros.
     En este escenario de estrecheces, el factor ideológico o la militancia política pasa a un segundo plano. Antes que miembros de un partido, los alcaldes deben velar por los intereses de los vecinos. Por eso se equivocan los dirigentes de los partidos al exigir lealtades. Por eso también se equivocan los presidentes autonómicos que actúan en los municipios con resabios feudales, como si fueran sus dueños. La preponderancia que ha ido adquiriendo la administración autonómica amenaza con aplastar la autonomía municipal y acogotar a los alcaldes.