Los pantanos embalsan el agua, a veces durante mucho tiempo. Pero suelen provocar consecuencias desastrosas cuando las presas ceden.
Un desbordamiento a la vista de todos. Eso es lo que le sucede a la vida política catalana. Su carga de ambigüedades, contradicciones, partidismos y electoralismos excesivos ya es de dominio público. La gente de la calle se ha dado cuenta a partir de una grieta que aparentemente va desde Arenys de Munt hasta el parque de la Ciutadella de Barcelona, donde está ubicado el Parlament, pasando por Vic y Ascó, pero es una raja que viene de mucho antes y es bastante más amplia de lo que delimitan esos puntos geográficos.
Catalunya vive un desconcierto generalizado porque se ha puesto de manifiesto que muchos de quienes la dirigen desde el Gobierno y la oposición en las cuestiones delicadas se limitan a hacer juegos de manos en vez de mantener posturas serias que sean comprensibles para todos.

La inmigración. Este es un tema representativo de nuestros problemas. Todos los partidos están contra la xenofobia, pero anteponen su electoralismo al respeto de ese principio.
En Vic, un ayuntamiento convergente dio el triple salto de flirtear abiertamente con las ideas del partido racista local. A partir de ese momento, la dirección de Convergència i Unió (CiU) empezó a vacilar, mientras las tres formaciones del Govern tripartito y el PSOE se resistían a reconocer algo obvio: la normativa sobre inmigración legal e ilegal es poco clara.
La principal lección de Vic es que aún tenemos pendiente el verdadero debate (sin demagogia ni simplificaciones) sobre la inmigración, pese a que llevemos tantos años oyendo discursos sobre la materia. La segunda, que los partidos son cobardes a la hora de defender los principios si corren el riesgo de la impopularidad. Nuestras leyes sobre inmigración son deliberadamente vagas. Ni siquiera está bien definido cómo debe hacerse el padrón, ni para lo que puede y lo que no puede utilizarse. No están consolidados los derechos a la sanidad y la enseñanza que ya utilizan los inmigrantes sin papeles. No existe una política clara para abordar la relación entre inmigración y delincuencia, para evitar los guetos, para garantizar la dispersión de los inmigrantes entre todos los centros educativos, para arbitrar los desencuentros culturales…
La paradoja es que mucha gente, especialmente desde la esfera municipal, ha trabajado mucho y bien en relación con estas cuestiones. Pero el discurso oficial de las instituciones y los partidos es simplemente buenista y a la defensiva, y eso comporta un crecimiento real de la xenofobia de los ciudadanos con convicciones poco firmes.

El debate nuclear. En esta cuestión, la confusión todavía es mayor. El PSOE era antinuclear, está cambiando de bando, pero no quiere reconocerlo ante su electorado. El PP es pronuclear, pero quiere desgastar a los dirigentes socialistas por acercarse a sus tesis, y al mismo tiempo amenaza a un alcalde suyo, el de Yebra, porque está dispuesto a aceptar la instalación del almacén de residuos nucleares en su término municipal.
CiU también es pronuclear, pero se distancia de un alcalde de Convergència, el de Ascó, que quiere el cementerio de residuos; y, encima, el secretario general adjunto de la formación, Felip Puig, dice públicamente que, si él fuese alcalde de Ascó, habría hecho lo mismo que el edil al que el partido pretende sancionar…
Como ocurre con la inmigración, aunque llevemos décadas discutiendo, el verdadero debate nuclear (con datos, argumentos, distinguiendo entre lo que se quiere y lo que se puede hacer) apenas se ha iniciado en España. Pero a nuestros políticos les da miedo plantearlo porque están demasiado acostumbrados a decir únicamente lo que los electores quieren oír. Saben que hay una sensibilidad antinuclear dominante y, en vez de encararla o respaldarla, multiplican la confusión encadenando muchas veces una tesis y su contraria, en función de las circunstancias del momento.

El contexto de fondo. No es que haya un problema especialísimo con la inmigración o con la cuestión nuclear, tenemos un problema de partidismo excesivo y de falta de respeto democrático a la opinión pública. El hábito de ganar tiempo en vez de resolver eterniza las cuestiones. Otro ejemplo: acaba de reiniciarse la negociación sobre la ley electoral que el Parlament le debe a los ciudadanos desde hace 30 años, pero todos sabemos que esa ley no se hará porque nadie está dispuesto a ceder nada.
Vic y Ascó son únicamente dos síntomas de un mal de fondo: la cobardía enfermiza y la ambigüedad sistemática de la clase política catalana. Este es, en definitiva, un país en el que Convergència, el partido más votado, tiene una dirección que se niega a reconocer que mayoritariamente es partidaria de la independencia, mientras el otro gran partido, el PSC, elude plantear frontalmente la cuestión cuando hay elecciones.

* Periodista.