En pleno debate sobre la inmigración, el Ayuntamiento de Barcelona dio ayer a conocer una encuesta como mínimo rebeladora. Así, un 21,2% de barceloneses considera que el aumento de inmigrantes de la última década es «una pérdida y una amenaza», según recoge el proceso participativo del Plan Barcelona Interculturalidad, que ha implicado a más de 3.000 personas y 259 entidades, y que ha supuesto elaborar un decálogo para las políticas municipales a corto, medio y largo plazo. Respondieron así a la pregunta de «¿Cómo valora el aumento de la diversidad sociocultural de los últimos años en la ciudad? », que ha pasado de tener un 3,5% de extranjeros en 2000 a el 18%.
Ante ello, el alcalde, Jordi Hereu, apostó por dialogar con quienes ven una amenaza y afirmó que esta postura sólo se afronta «con el conocimiento profundo». El 37,7% la ve como «una oportunidad y un reto», y el 34, 5%, como «una riqueza», informa Ep.
En rueda de prensa, Hereu destacó que pese a que «no corren buenos tiempos» para la interculturalidad, en un contexto de crisis y de iniciativas como la del Ayuntamiento de Vic de endurecer el empadronamiento, el alcalde afirmó que en la capital catalana es posible y «tiene adhesiones», y la vio como un único camino. Hereu no quiso contraponer el plan con Vic, población que ha expresado «muchos valores en positivo».
El decálogo municipal destaca la necesidad de romper estereotipos, evitar guetos y apuesta por la igualdad de deberes y derechos, el acceso de los inmigrantes al mercado laboral, y que hablen catalán y castellano sin perder su lengua autóctona.
Precisamente, la inmigración y su registro en el padrón encendió ayer el debate en el Ayuntamiento. Allí, el grupo del PP criticó el «abuso» del padrón por parte de inmigrantes ilegales para conseguir el arraigo social. Ante estas acusaciones, el bipartito acusó a los populares de tener planteamientos «xenófobos» al trasladar el debate de Vic a la capital catalana. La portavoz Àngels esteller (PP) criticó «el fraude» que se da en el registro y defendió que el Ayuntamiento mande los datos del padrón a la policía.
El bipartito y ERC acusaron a los populares de hacer un intento «chapucero» y «lamentable» de llevar a Barcelona el debate «xenófobo» del padrón.