El primer pleno del año en el Ayuntamiento de Bilbao aprobó ayer la creación de un Consejo Local de la Inmigración, órgano consultivo y participativo, y vivió un intenso debate sobre el control de las ayudas sociales que perciben los extranjeros. El PP se quedó solo en su defensa de una intervención específica para evitar fraudes y empadronamientos irregulares entre este grupo de población y recibió un aluvión de críticas. PSE y EB le acusaron de «estigmatizar» a los inmigrantes, lo que puede crear «un caldo de cultivo para la xenofobia».

Aunque todos tenían en mente el caso de Vic, la iniciativa se presentó antes de que este ayuntamiento – gobernado por CiU, ERC y PSC – se negara a empadronar a los extranjeros sin papeles, algo que finalmente ha rectificado. Lo que impulsó al PP a plantearla fue el barómetro del Observatorio Vasco de la Inmigración, según el cual dos de cada tres vascos creen que los foráneos se benefician «excesivamente» de las ayudas sociales y muchos les relacionan con la delincuencia.

«En política no tiene por qué haber tabúes», afirmó la portavoz del grupo, Cristina Ruiz. «El problema no es que haya inmigrantes, sino cuántos somos capaces de acoger y qué está ocurriendo para que los bilbaínos perciban, sin razón o con algo de razón, que pueden ser un foco de problemas». En su opinión, hay «algún fundamento objetivo» para estos recelos, ya que los extranjeros – el 8% de la población – cometen «más de la mitad de los delitos». Aunque la competencia corresponde al Gobierno central, cree que los ayuntamientos «pueden actuar con más rigor». En concreto plantea un plan para «detectar y eliminar bolsas de fraude» en las ayudas sociales que perciben los extranjeros, así como las irregularidades en los empadronamientos. Esto se conseguiría mediante la coordinación «entre las áreas de Acción Social y Seguridad y el Departamento de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía».

La reacción fue contundente. «No sé si han medido ustedes bien la redacción exacta de su proposición», replicó el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala. El texto califica de «lacra» la inmigración irregular, aunque recalca que el objetivo «no es poner bajo sospecha a ningún colectivo». «A pesar de sus buenas intenciones, estamos en absoluto desacuerdo», reiteró el representante del PNV. Recordó que en el área que dirige ya hay un negociado de Inspección y Control para combatir el fraude, «una de nuestras obsesiones. Tan importante como robar dinero público es deslegitimar las políticas sociales, porque la gran mayoría de los perceptores son familias que están mal, lo merecen y lo necesitan», enfatizó.

La socialista Begoña Gil acusó al PP de crear «una alarma social que no existe en la ciudad en los niveles que ustedes describen. ¿Por qué no dicen cuántos inmigrantes trabajan y son imprescindibles para nuestra economía?». La portavoz de EB, Julia Madrazo, atribuyó a un «interés electoral» el hecho de «poner la lupa sobre este colectivo». Cristina Ruiz se quejó de la respuesta «de manual» de los partidos de izquierdas. «No tenemos complejos ni prejuicios, y por supuesto no somos xenófobos», se defendió. Azkuna zanjó el debate diciendo que «perseguiremos el delito y al que lo comete, sea de Rekalde o de Senegal». En un ambiente más sosegado, el pleno aprobó la creación de un órgano consultivo para «fomentar la convivencia», en el que participarán las asociaciones de inmigrantes junto a los concejales para adecuar las medidas que les afecten «a las necesidades reales». El PP se abstuvo al no aceptarse sus enmiendas, que pretendían limitar el consejo a los inmigrantes en situación regular y reforzar el papel de los grupos de la oposición.