Un golpe de suerte, un regalo del cielo: esto ha sido para muchos la iniciativa del Ayuntamiento de Vic de cuestionar el empadronamiento automático de los inmigrantes irregulares y poner de relieve las contradicciones entre la Ley de Extranjería y la de Bases de Régimen Local. ¡Menuda oportunidad gratuita para acreditarse como progresistas, cosmopolitas, humanistas y paladines de los derechos del débil! Al conjuro de esta ganga se ha librado, durante las últimas semanas, una dura competencia por ver quién condenaba con mayor énfasis y dureza al equipo de gobierno vicense y a la sociedad que lo apoya.

Toda clase de enviados especiales han escrutado por calles y bares para, a falta del menor brote conflictivo, medir la frialdad de las miradas o la intensidad de los silencios del vecindario autóctono hacia los foráneos. Periódicos que envenenan día a día la relación Cataluña – España han vinculado la postura del Consistorio de Vic con la consulta independentista del pasado diciembre, para confirmar así el carácter intrínsecamente reaccionario del nacionalismo catalán. La dirección estatal del Partido Popular instó rauda a los municipios a empadronar sin distinciones…, fingiendo ignorar lo que ocurría en Torrejón de Ardoz, o lo que dice y promete desde hace un lustro su líder en Badalona, Xavier García Albiol. Incluso la Generalitat valenciana – sí, la que preside Francisco Camps – cazó al vuelo la ocasión de darse un barniz de respetabilidad, e hizo público un comunicado de reproche y rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Vic, como si Valencia tuviera en ello alguna jurisdicción.

Gentes que no han pisado jamás Vic ni sabrían situar la ciudad en el mapa, personas que lo ignoran todo sobre el trabajo de integración escolar y social desarrollado en la capital de Osona durante la última década – pienso en el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y en el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra – han tenido la desfachatez de comparar la situación allí con la Alemania nazi, y de imputar a aquel Consistorio “posiciones ultras y xenófobas” y el deseo de “institucionalizar el odio”. En su estela, desde el ilustre – pero, esta vez, poco reflexivo – Colegio de Abogados de Barcelona hasta una tropilla de profesionales del antirracismo se lanzaron en tromba – en tromba preventiva – a verter acusaciones de “discriminación”, “xenofobia” y “criminalización” del inmigrante, como si el alcalde Vila d’Abadal hubiese propuesto establecer el apartheid. Y el broche de oro: Rodríguez Zapatero en Estrasburgo, haciéndose el matasiete del progresismo europeo para proclamar: “el país que presido no va a consentir que, por un truco de un Ayuntamiento, haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela”. Conmovedor; pero entonces, ¿por qué no aprovecha la presidencia de la UE para promover una nueva regularización masiva? ¿Tal vez porque no quiere arruinar sus ya malas perspectivas electorales?

Bien, a fecha de hoy, la polémica está cerrada: como el macho cabrío de los antiguos hebreos, Vic ha cargado simbólicamente con las tensiones, los miedos, los problemas reales que suscita la inmigración a gran escala; y los demás hemos quedado en paz con nuestra buena conciencia de antirracistas y tolerantes a tope…, siempre que los inmigrantes permanezcan algo alejados de nosotros. El Gobierno catalán lanza la consigna de “no hacer un uso electoral de la inmigración”, lo cual, cuando vivimos en campaña permanente, equivale a proponer la ley del silencio, a querer amordazar un debate cada día más necesario. Entretanto, el ex alcalde de Roma y otrora gran esperanza de la izquierda italiana, Francesco Rutelli, advierte de que el multiculturalismo “es un callejón sin salida”, y el probable próximo premier británico, David Cameron, plantea un frenazo drástico a la inmigración. Pero, claro, tanto Rutelli como Cameron deben de ser unos despreciables xenófobos, prácticamente unos nazis…