MADRID – Redacción
El Gobierno quiere zanjar la polémica sobre el empadronamiento de los inmigrantes indocumentados de raíz. Y para eso ha decidido incluir en la ley que sustituirá a la de Bases de Régimen Local un capítulo dedicado expresamente a este apartado. Lo anunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

La normativa, que llevará el nombre de ley de Gobierno Local, trata de actualizar la situación de los ayuntamientos al tiempo que dotarlos de una financiación más estable que los convierta en menos dependientes de la coyuntura económica.

Minutos antes de que Zarrías visitase la sede nacional de la FEMP, la ejecutiva de esta organización había dado su visto bueno al informe que la institución encargó a sus servicios jurídicos sobre el empadronamiento de inmigrantes tras el debate surgido en los últimos días por este asunto después de que el Ayuntamiento de Vic se negara a registrar a los indocumentados.

Ese informe, que ratifica la obligación municipal de empadronar independientemente de la situación legal del ciudadano, será remitido a los 8.112 ayuntamientos de toda España. Según figura en el documento encargado por la FEMP, los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a los inmigrantes indocumentados en el padrón, y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo. El informe refleja que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón municipal” del municipio en el que habita.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial explicó que la nueva norma, que sustituirá a la ley de Bases de Régimen Local de 1985, “dejará claro que toda persona que viva en España tiene derecho a ser inscrita y la obligación de solicitar su inscripción en el padrón” por parte del Ayuntamiento.