La ley impulsada por  Jesús Caldera en 2005 convirtió a nuestro país en «objetivo prioritario» para los «sin papeles».

«Papeles para todos», «efecto llamada», «regularización masiva»… Durante 2004, estas palabras retumbaron por toda España, y fuera de nuestras fronteras, ante la aprobación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. A partir de ahí, arrancaba una de las grandes apuestas del recién estrenado Ejecutivo socialista, que no se salvó ni se salva de las críticas.
La propuesta: llevar a cabo en 2005 un proceso de regularización de cerca de 700.000 extranjeros. El impulsor: el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El resultado: España se convirtió un año después, en 2006, en el principal país receptor de inmigrantes de toda la Unión Europea.
Surgió entonces el «efecto llamada», la distinción entre patera y cayuco, y cientos, miles de inmigrantes que buscaban una nueva vida se lanzaron al mar para tratar de alcanzar las costas españolas. 2006 concluyó, por ejemplo, con cerca de 32.000 sin papeles llegados a Canarias, los centros de internamiento desbordados y el Gobierno en el punto de mira de todos. Y era sólo el principio.
Esa política de inmigración le estaba costando muchos votos a los socialistas, algo que pudo llevar al presidente Zapatero a prescindir de los servicios del ahora presidente de la Fundación Ideas para su siguiente Legislatura.
Tras aprobarse la normativa, las comisarías, los consulados y las oficinas de la Seguridad Social registraron colas interminables de ciudadanos que querían demostrar su arraigo en España para normalizar así su situación. Y mientras, seguían llegando extranjeros indocumentados por el sur o por el norte, en patera o en autobús, sorteando los controles policiales.
Caldera calificó esta regularización de éxito, pese a las numerosas críticas llegadas incluso desde Europa, donde se aseguraba que este tipo de acciones no contribuían a solucionar el problema y el drama de la inmigración. Una medida esta que vino acompañada, además, de la picaresca y de los contratos ilegales.
Pero, además, los socialistas también fueron atacados por apoyar en Europa la polémica directiva de retorno de inmigrantes, por la que los irregulares podrán ser retenidos por un período de hasta 18 meses mientras se tramita su salida del país y, una vez expulsados, no podrán regresar a la UE en cinco años. Ésta se empezó a gestar en 2005 y fue aprobada en junio del pasado año 2008. Y lo hizo, también, cargada de división. Salió adelante con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.