Son muchos los frentes abiertos en torno a los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) acogidos por la Diputación alavesa. Uno de ellos, quizá el que más realce ha cobrado en los últimos días, es el relativo a la supuesta mayoría de edad de estos jóvenes. La diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, reveló en una reciente comparecencia que la prueba ósea concluye que un 80% de los chavales no lo son – ahora viven un centenar en dependencias forales – , por lo que se ha decidido trasladar el asunto a los tribunales. Pese a las dudas «más que razonables» del Gabinete Agirre, la Policía sólo ha detectado dos pasaportes falsificados, según fuentes de toda solvencia consultadas por EL CORREO.

Estas dudas, además, no son tales para la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria, que considera a todos estos chicos menores de edad. ¿El motivo? Que aunque las pruebas óseas remitidas por la Diputación revelan que la inmensa mayoría de los chicos tiene 19 años, el Ministerio Público aboga por la vía más garantista debido a que esta prueba tiene un margen de error de 18 meses. «No nos ha llegado ni un solo caso en el que joven tenga 25, 30 ó 45 años», explican medios cercanos a la Fiscalía, quienes recordaron que no fue hasta septiembre pasado cuando la Diputación remitió de golpe los primeros casos (unos cuarenta) que evidenciaban incongruencias entre el pasaporte y la prueba ósea.

De forma paralela, recalcaron que el protocolo de actuación en torno a estos jóvenes es el mismo en los tres territorios vascos, pese a que en Vizcaya y Guipúzcoa, como informó el sábado este periódico, la Fiscalía sí le da validez a la prueba ósea frente al pasaporte. «En Álava también se tiene en cuenta, pero aquí se ha constatado que todos son menores», matizaron.

Demandas civiles

El Ministerio Público acudirá además a la vía civil a través de demandas (no denuncias) para que se estudien los casos de las decenas de ‘menas’ que al parecer no han recibido la orden foral de tutela, pese a llevar varios meses acogidos por la Diputación. Este frente lo abrió el Ararteko, que denunció la situación en diciembre después de recibir la queja de varios chicos.

El fiscal también recurrirá a lo civil para que el juez investigue los casos en los que presuntamente, los monitores de centros forales se negaron a acoger a chicos trasladados por la Policía – el Ayuntamiento y la propia Policía denunciaron esta situación – . La decisión ha sido adoptada después de consultar el asunto con la Fiscalía General del Estado.