Anglada insiste en proponer el endurecimiento de la ley contra los ‘sin papeles’ Barcelona

Los partidos temen que la extrema derecha se haya rearmado con la polémica de Vic. Las idas y venidas en la capital de Osona, las declaraciones y las réplicas entre favorables y opositores a endurecer el padrón y la irrupción de la inmigración irregular en una escena marcada por los efectos de la crisis y el paro han colocado las soflamas ultras – cuya paternidad reclama Plataforma per Catalunya (PXC) – en primera línea.

Así lo explicitaron ayer el ministro y vicesecretario del PSOE, José Blanco, y el presidente de CiU, Artur Mas, aunque con distintos matices. En una entrada en su blog, el titular de Fomento auguró un discurso «abiertamente xenófobo» que imputa al PP en las elecciones catalanas, que se convocarán el próximo otoño. Blanco opina que las afirmaciones de la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez – Camacho, a favor de limitar la inscripción de extranjeros indocumentados es una «vileza y, además, una mentira». «No cabemos todos es el nuevo grito de guerra con el que se busca poner en pie un discurso abiertamente xenófobo y convertirlo en material inflamable para su aprovechamiento en la lucha política», escribe el dirigente socialista.

El ministro sospecha que las propuestas que situarán a los sin papeles en el punto de mira se pondrán a prueba en las elecciones catalanas como si se tratase de un «primer ensayo» para extenderse más tarde a los comicios municipales y las generales. Blanco reprocha al PP la política de inmigración que aplicó durante el Gobierno de José María Aznar y la contrapone a la gestión de Rodríguez Zapatero. A juicio de Blanco, el ex presidente convirtió la inmigración irregular en «una bomba de relojería generadora de inestabilidad».

Por su parte, Mas puso el acento en el posible brote de formaciones ultras al calor de la polémica del censo. El líder convergente llamó ayer en una entrevista concedida a TV3 a los partidos a abordar los retos de la inmigración para cerrar el paso a PXC y su líder, Josep Anglada. El concejal ultra de Vic presentará candidatura en las autonómicas y prevé obtener de cuatro a ocho escaños en el Parlament.

«La atomización de la política, aunque pueda parecer divertida, acaba provocando dificultades», advirtió Mas enchando mano al caso de Italia, donde Silvio Berlusconi gobierna con uno de los modelos que Anglada pretende imitar, la extremista Liga Norte.

El cabeza de cartel de CiU se volvió a aliar con la postura defendida por el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, y recuperó una de las medidas más cuestionadas del programa electoral de los nacionalistas en 2006, el carnet por puntos para extranjeros. «Me cayó toda la munición encima, y ahora todo el mundo se apunta a la lógica de que en este país no cabemos todos», adujo Mas.

El líder de CiU catalogó de «hipocresía» la resolución contraria del Gobierno al acuerdo del Ayuntamiento de Vic y censuró que, a su juicio, el debate sobre la acogida de los sin papeles se haya caracterizado por una «frivolidad alarmante». Los nacionalistas quieren que no desfallezca el reto que Vila d’Abadal lanzó. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, proclamó que preguntará en breve al Ejecutivo por las «lagunas legales» que los convergentes hallan en la legislación. Duran preguntará si los ayuntamientos están obligados a delatar a la policía la presencia de irregulares.

Quien volvió a saltar a la palestra para reivindicar la proposición de vetar a los extranjeros indocumentados fue PXC. La plataforma de Anglada anunció ayer que interpondrá una moción en las siete localidades en las que cuenta con concejales en la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local para negar la inscripción en el padrón a los sin papeles.

Con escasos visos de éxito, el texto de PXC se apropia de los postulados que la Abogacía del Estado revocó la semana pasada. El partido habla de la «contradicción» de la ley y acusa a la normativa de «absurda y contradictoria». Además, recurre a los planteamientos radicales que Anglada suele predicar: critica que se permita a los inmigrantes que no han regulado su estancia en España acceder a la asistencia sanitaria, asegura que las consecuencias de la presencia de irregulares son «bastante negativas» y alerta de que «las capas más desprotegidas de nuestra sociedad» quedan «desatendidas» por culpa del «cada vez más numeroso contingente de inmigrantes».