LO de de Vic ha tenido diversas lecturas. Unos, han abordado el asunto desde el punto de vista de la legalidad. ¿Hay que aplicar la Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Extranjería? ¿Hay que empadronar y punto o sólo hay que hacerlo cuando existe el pasaporte visado? ¿Cómo resolver la contradicción entre una ley que contempla el empadronamiento discrecional y otra que exige la repatriación de quienes no presenten los papeles necesarios? ¿Puede un ayuntamiento jugar a ser Estado y aplicar a su aire la Ley de Extranjería? El Estado responde que no y, por tanto, hay que solventar el caso en el marco de la legislación municipal. Otros, han analizado el tema desde la perspectiva electoralista. A saber, el Ayuntamiento de Vic CiU, PSC y ERC propone lo que propone para detener el ascenso del voto xenófobo que capitaliza Josep Anglada y su Plataforma per Catalunya. Hay también quien advierte que la cuestión debe entenderse en clave económica: los ayuntamientos andan faltos de recursos financieros para atender las necesidades de los ciudadanos o residentes y, en consecuencia, hay que limitar su número atendiendo a la legalidad más estricta. Finalmente, existen aquellos que minimizan la propuesta aduciendo que afectará a poca gente, que la cosa se ha sobredimensionado y no hay que preocuparse porque todo se arreglará con el tiempo, porque todo volverá a la normalidad. En alguna medida, estas lecturas tienen su grado de razón y de verosimilitud. Es cierto que un ayuntamiento no puede jugar a ser Estado (también lo es que el Estado debería actuar como tal y a veces no lo hace), es cierto que hay bastante de electoralismo en el tema, es cierto que los ayuntamientos son los grandes olvidados cuando se trata de repartir el dinero público, y es cierto que la medida propuesta afectaría a poca gente que, por lo demás, probablemente continuaría sin documentos donde está y la autoridad no sabría exactamente qué hacer con ellos. Todo eso es cierto. Pero, la cuestión de fondo es otra.
Como habrán notado, al hablar de la propuesta de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic he utilizado los términos «asunto», «caso», «tema», «cuestión» y «cosa». Está hecho adrede para señalar que pocos usan el término «problema». Ya va siendo hora de que los políticos no escondan la cabeza bajo el ala. Ya va siendo hora de que los políticos, huyendo de la corrección política que se han impuesto, hablen del problema. Porque, existe. Y si no se afronta, daremos argumentos al populismo y la demagogia xenófoba que acecha. ¿Cuál es el problema? Sólo podemos acoger, como señala la directiva europea y la ley española de extranjería, a quienes tengan los papeles en regla. No se puede regularizar de facto vía padrón si queremos evitar el efecto llamada. Quien exija derechos debe observar deberes. No se puede permitir la extraterritorialidad legal ni moral. Y eso no es xenofobia. Si cerramos en falso el problema, ganarán los xenófobos de verdad.