El discurso del PP sobre la inmigración y, en particular, las propuesta que formuló el viernes en Barcelona el líder popular, Mariano Rajoy (que reclamó mayor control y sugirió que los servicios básicos como la atención sanitaria y la escolaridad se desvinculen del empadronamiento), propiciaron ayer el ataque en tromba de los dirigentes del PSOE. En esta ofensiva, destacó por su contundencia la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que calificó de «sorprendente y lamentable» el modo en que «algunos» pretenden poner en entredicho derechos básicos como el acceso a la sanidad y la educación. «No van a conseguir poner en duda la universalidad de esos derechos», añadió De la Vega.
En el curso de una rueda de prensa celebrada en Palma de Mallorca, la vicepresidenta señaló que las propuestas de Rajoy sobre el la inmigración y el padrón «resumen muy bien la que ha sido hasta ahora la forma de hacer oposición del PP: oportunista, ocurrente y contradictoria». El PP, señaló De la Vega, «se apunta a todo con tal de desgastar al Gobierno y rascar un puñado de votos», y lo hace además, añadió, «con propuestas que no se sostienen en el más mínimo análisis».
También el presidente del Congreso, José Bono –un socialista que no suele entrar en confrontaciones dialécticas con los populares–, se sintió impulsado a descalificar de plano la propuesta de Rajoy al asegurar que «los derechos humanos están por encima de los procesos electorales, aunque a veces no lo parece». Bono, que participó en un homenaje a los abogados laboralistas asesinados en la calle de Atocha de Madrid hace 33 años, afirmó que «las declaraciones no hay que hacerlas al peso, y mucho menos al peso en la báscula electoral». «Los ciudadanos del planeta –subrayó– tienen derechos, con independencia de su raza, su religión y lugar de nacimiento, y lo que no es posible es atacar un día a aquellos que reconocen estos derechos y al día siguiente defender la posición contraria».

JUECES Y FISCALES / En una declaración conjunta, las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UpF), que ayer mantuvieron una reunión en Málaga, apuntaron que en los últimos días se ha abierto «innecesariamente» un debate sobre la inmigración a raíz del anuncio del ayuntamiento de Vic de no empadronar a sin papeles, y afirmaron que «con manifiesto populismo y con finalidades políticas, bajo un falso debate sobre legalidad, algunos han vuelto a lanzar el mensaje de que existen dos categorías de personas».
Ambas asociaciones dejaron constancia de que «el interés del Estado en regular los flujos migratorios debe conciliarse con políticas de integración».