estrasburgo/Madrid. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que es “rotundamente falso” que sea partidario de la inmigración masiva, tal y como le reprocharon varios eurodiputados, pero se declaró “partidario de respetar masivamente los Derechos Humanos de todas las personas, vengan de donde vengan”. Poco después de hacer estas declaraciones en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), Zapatero dijo en rueda de prensa que este principio “no debería llamar la atención en Europa” y que si lo hace es algo “preocupante”.

La Eurocámara es “la casa de una región que políticamente nace como baluarte de los Derechos Humanos”, insistió, para después afirmar que España “no va a permitir que se menoscabe los derechos de las personas”, en referencia a las prestacione sociales o a la polémica suscitada a raíz de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) haya impulsado una normativa para no empadronmar a los inmigrantes ilegales. Así, Zapatero aseguró que no permitirá que por un “truco” de un Ayuntamiento haya personas que queden sin asistencia sanitaria o cuyos hijos no puedan acudir a la escuela.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que en materia de inmigración debe haber una “postura clara” y se le debe “exigir a las personas que quieren venir a España a trabajar lo mismo que se le exige a un español cuando va fuera”. No obstante, la cara más radical del PP en esta materia la sacó hace dos días la líder popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quien asseguró que “el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal. Es la punta del iceberg. En Cataluña y en España no cabemos todos”, afirmó.

FEDERACIÓN DE AYUNTAMIENTOS Por su parte, la Abogacía del Estado considera que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal “procede”, con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país, por lo que, en consecuencia, “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”. La Abogacía del Estado ha remitido a la Delegación del Gobierno de Cataluña el informe que había solicitado el Ayuntamiento de Vic relativo a la legalidad de la negación del empadronamiento a inmigrantes en situación irregular.

En su informe, los servicios jurídicos del Estado sostienen que para tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal, “debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado”.

Quien también tomó ayer postura fue la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El informe jurídico que encargó concluye que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a estas personas en el Padrón, y si no, el Estado, a través del INE, podrá hacerlo. Esta interpretación de la legislación se encuentra en las antípodas de la registrada en otro informe jurídico, el encargado en este caso por el propio Ayuntamiento de Vic.

En cuanto al de la FEMP, el informe recuerda que los ayuntamientos están obligados a actualizar su padrón y, si no lo hacen, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá ejercer la acción sustitutoria prevista en la Ley de Bases del Régimen Local.