JOSÉ MARÍA BRUNET – Madrid

El informe dice que basta el pasaporte, aunque no cuente con visado, para ser inscrito en el padrón
La Abogacía del Estado proporcionó ayer al Gobierno argumentos jurídicos en apoyo de su voluntad política de considerar obligatoria la inscripción de los inmigrantes en el padrón municipal del lugar en que residan, con independencia de que estén o no en situación legal en España. Dicho organismo dio a conocer un detallado dictamen en el que concluye que “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”.

El informe fue encargado por el propio Ejecutivo, en principio ante el anunciado acuerdo del Ayuntamiento de Vic, con objeto de preparar su eventual impugnación. Pero al no adoptarse formalmente dicha resolución municipal, la finalidad del dictamen fue cambiada, con objeto sentar doctrina oficial sobre el empadronamiento de los inmigrantes, que actuara con carácter general, como aviso para todos los ayuntamientos que quieran actuar en la materia.

La conclusión de la Abogacía del Estado a este respecto es tajante. El informe estima que ante las peticiones de inscripción de extranjeros en el padrón municipal “debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado”. El Ayuntamiento de Vic consideraba que la inexistencia de visado no es indiferente. En todo caso, pidió al Ministerio del Interior que aclarase cuál era su interpretación legal del asunto, es decir, los requisitos que debe reunir un pasaporte para dar derecho a ser inscrito en el padrón.

El informe de la Abogacía del Estado responde a estas posibles dudas de forma rotunda. Su tesis es que deben incluirse en el padrón “todos los extranjeros que tengan residencia habitual en el municipio respectivo, independientemente de que se encuentren o no legalmente en territorio español”.

Sin entrar a valorar el contenido del dictamen, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal, reclamó diálogo político para abordar cambios en los criterios de empadronamiento y establecer un sistema que ofrezca seguridad jurídica a los municipios. La voluntad de Vic, dijo, es ser transparente en sus iniciativas. El Consistorio se basó en un informe del bufete Roca Junyent, en el que se estimaba que la negativa a empadronar a personas en situación irregular “no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”.