madrid. La Abogacía del Estado ha echado por tierra las pretensiones del Ayuntamiento de Vic al considerar que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal “procede”, con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país, por lo que, en consecuencia, “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”.

La Abogacía del Estado respondía de este modo a la solicitud hecha desde el ente municipal para que se analizara la vertiente legal de la política sobre inmigración que pensaba llevar a cabo y en la que la principal medida era negar el empadronamiento a inmigrantes que se encontraran en situación irregular.

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que para tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal “debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte, aunque no cuente con el preceptivo visado”.

El Ayuntamiento catalán había encargado un informe jurídico al bufete de abogados Roca Junyent, que concluyó que la intención de no permitir el empadronamiento en situación irregular “no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”. Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado consideran que en el padrón municipal deben inscribirse “todos los extranjeros que tengan residencia habitual en el municipio, independientemente de que se encuentren o no legalmente en territorio español”.

El Ayuntamiento de Vic está gobernado por PSC, CiU y ERC y las reacciones de los tres partidos no tardaron en llegar. La secretaria de Inmigración de los socialistas catalanes, Consol Prados, sostuvo que el Ayuntamiento “tiene que cumplir la ley”, y que así lo hará. Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, mostró su convencimiento de que “el Ayuntamiento reconsiderará su postura, porque ha manifestado la voluntad de ceñirse a la ley”. En términos similares se expresó Carles Campuzano, portavoz de CiU en la Comisión de Inmigración del Congreso.