«El Gobierno de España no va a consentir que por el truco de un ayuntamiento haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela; no lo vamos a permitir». José Luis Rodríguez Zapatero se mostró más que contundente en su respuesta a la negativa al empadronamiento de inmigrantes que, al calor de la precampaña para las elecciones catalanas, ha lanzado el alcalde nacionalista de Vic, en Barcelona, y que, con algunos matices, practica desde hace meses el consistorio madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP.

A centenares de kilómetros de distancia, tras la presentación del programa para la Presidencia de la UE ante el Parlamento europeo, el jefe del Ejecutivo español entró en un debate, al que se ha sumado el PP, para dejar clara la posición del Ejecutivo: ni mirará para otro lado ante los intentos de excluir del padrón a los ‘sin papeles’ ni impulsará reformas para endurecer la recién aprobada ley de Extranjería, como plantea el PP.

Zapatero venía con el ánimo caldeado cuando se le preguntó sobre este asunto. Apenas unos minutos antes había tenido que responder a un europarlamentario de ultraderecha que le había echado en cara su política sobre inmigración y que propuso «cerrar las fronteras». Como presidente de turno de la UE replicó que es falso que él sea partidario de una «inmigración masiva». Recordó que existe un pacto sobre esta materia, acordado durante la presidencia francesa, que también suscribe España. «Lo que sí soy – añadió – es partidario del respeto masivo a los derechos humanos de todas las personas».

Motivos para preocuparse

Fuera del hemiciclo insistió en que su Ejecutivo defiende la inmigración legal y lucha contra las mafias, pero recordó que existen unos derechos «inalienables» que no pueden ser pasados por alto. «¿En Europa llama la atención que un presidente de Gobierno diga que también hay que proteger los derechos humanos de los inmigrantes? Pues si es así, hay motivos para preocuparse porque – subrayó – esta es la casa de una gran región que nació como baluarte de los derechos fundamentales de todas las personas, tengan el color de piel que tengan y vengan de donde vengan».

El claro mensaje político que Zapatero lanzó desde Estrasburgo sólo tardó unas horas en transformarse en España en un apercibimiento oficial al Ayuntamiento de Vic para que descarte de manera definitiva su declarada intención de excluir del padrón a los inmigrantes en situación ilegal.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, remitió ayer al consistorio barcelonés la contestación oficial a la consulta jurídica que le realizó el martes. La subdelegación del Gobierno en Barcelona le entregó un informe realizado por la Abogacía del Estado que aclara que es obligatorio empadronar a cualquier extranjero que viva en el municipio, tenga tarjeta legal de residencia en España o no, y que el único documento que se puede exigir para la inscripción es el pasaporte, en el que además da igual que conste o no el visado de entrada legal en el país. En otras palabras, que ni el Ayuntamiento de Vic ni ningún otro podrá negar los empadronamientos a los extranjeros ‘sin papeles’. Se trata del informe oficial con el que el Ejecutivo pretende dar por zanjada cualquier otra interpretación legal sobre el particular y la polémica política.

El análisis de Justicia saca dos conclusiones. Una, que «la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España». Y dos, que, «a efectos de tramitar las solicitudes de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado».

La Abogacía del Estado rechaza así el informe que encargó Vic al despacho de abogados del ex parlamentario de CiU Miquel Roca, que concluía que la ley no aclaraba si era obligatorio empadronar a los extranjeros indocumentados. Si el consistorio cumple con el compromiso de su alcalde, tendrá que desechar la medida restrictiva, que iba a entrar en vigor en febrero, y acatar las directrices de los abogados del Estado.