No es cosa de padrón, sino de ley. El Gobierno quiere ahora linchar a los alcaldes por negarse a empadronar a los inmigrantes ilegales, pero la realidad es que se trata de una situación generada por la propia política del Ejecutivo: dijeron papeles para todos sin caer en la cuenta de que eso hay que pagarlo, y que el que paga no es el Gobierno, sino los Ayuntamientos.
Mientras hubo empleo no hubo problema, pero ahora que todo va mal los consistorios no tienen fondos para pagar los servicios sociales del «papeles para todos». Y como carecen de dinero dicen que no empadronan, pues, además, las leyes son contradictorias, por mucho que diga la Abogacía del Estado.
Una señala que no pueden ser legales los que son ilegales, y otra anima a legalizar vía padrón a los que carecen de papeles para legalizarse. Con lo que en los Ayuntamientos se hacen un lío. Y se da pie a la xenofobia y el racismo. Y los alcaldes se sienten desbordados porque no saben cómo atender a una población creciente que en ciudades como Vic llega al 25 por ciento, la mayoría en paro y con derecho a recibir los servicios que el Estado proporciona a las personas que viven en España.
No es cosa del padrón. El problema es de ley. No se ha querido regular con seriedad a la inmigración, y ahora los municipios empiezan a verse saturados.