IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA
Actualizado Miércoles , 20-01-10 a las 03 : 40
La mecha encendida por el Ayuntamiento de Vic con la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal ha prendido ya, definitivamente, en la sociedad catalana. Así lo ratifican las palabras de Josep González, presidente de la patronal Pimec (que agrupa a las pequeñas y medianas empresas), quien vinculó ayer la creciente sensación de inseguridad en Barcelona con la inmigración. Tras un encuentro con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, González reclamó más presencia policial en Barcelona y endurecer la normativa legal para combatir la inseguridad y la multireincidencia. «Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido», afirmó.
La reflexión de González se produjo después de que Alberto Fernández anunciara que propondrá un plan de inspección de los comercios regentados por inmigrantes porque en ellos, según él, hay una «concentración muy importante» de infracciones en la normativa laboral, fiscal, de horarios, de sanidad y de higiene. El dirigente popular añadió que en «muchas ocasiones los comercios de inmigrantes hacen competencia desleal» al comercio de proximidad «de toda la vida».
Eje de la campaña del PPC
De hecho, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, anunció que la inmigración será uno de los ejes de la campaña electoral de los populares en las próximas elecciones autonómicas, tras la polémica abierta por el Consistorio de Vic. Esta cuestión centró también buena parte de la reunión semanal del Gobierno catalán, que ayer sí aseguró tener una postura común al respecto y se mostró contundente al afirmar que «todos los ayuntamientos catalanes empadronan a todos los inmigrantes». Eso sí, el tripartito dejó claro que, si alguien debe frenar al consistorio y definir las reglas del juego es el Gobierno, y en concreto el Ministerio del Interior.
Una incongruencia
El consejero de Política Territorial y portavoz eventual de la Generalitat, Joaquim Nadal, recordó que el Ayuntamiento de Vic firmó el Pacto Nacional por la Inmigración suscrito por gobierno y ayuntamientos catalanes, en el que se especifican las vías para el empadronamiento de inmigrantes. «Ante la obligación de empadronar», recalcó Nadal, el pacto establece unos criterios, que chocan frontalmente con las medidas anunciadas en Vic.
Ese fue el primer argumento presentado ayer por la consejera de Acción Social, la republicana Carme Capdevila, para responder a la iniciativa del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal. Tanto Capdevila, durante la reunión del ejecutivo autonómico, como Nadal en la comparecencia posterior se esforzaron en recordar que las competencias en inmigración son del Gobierno, por lo que corresponde al ministro de Interior responder a la iniciativa o tomar medidas para homogeneizar las normas de empadronamiento en este ámbito.
«Que el Ministerio de Interior clarifique con qué documentación deben identificarse» los inmigrantes, concluyó Nadal. Respecto a las críticas del PP contra la actitud del consistorio gobernado por CiU, PSC y ERC, Nadal apuntó que «todo el mundo debería recordar quién aprobó la Ley de Extranjería», que a juicio ha permitido la polémica.
Rubalcaba, sin embargo, no dio muestras de sentirse aludido por la suplicatoria remitida por el consistorio catalán e insistió en el «derecho» de los inmigrantes ilegales a ser empadronados. En declaraciones a Antena 3, el minsitro aseguró no haber recibido todavía la consulta de Vic, que estudiará, pero dejó clara la postura del Gobierno a favor de empadronar ilegales.
Rubalcaba se desentiende
«Con independencia de lo que decida el grupo municipal de Vic, que es un tema que tiene que hablar el PSC, la posición del Gobierno y del PSOE ha sido clarísima, pero he visto al señor Rajoy dudando», añadió Rubalcaba para pasar la presión al PP.
Por su parte, tanto el líder de CiU, Artur Mas, como el de Unión, Josep Duran Lleida, se acogieron al informe elaborado por el bufete Roca a instancias del Vila d’Abadal para apoyar al alcalde nacionalista y exigir al Gobierno que clarifique la aplicación de la ley.