ASISTIMOS de nuevo al discurso que sitúa a las personas en situación administrativa irregular “sin papeles” como objeto de proclamas de extrema derecha, que las niegan como personas, como titulares de derechos, como seres únicos provistos de sueños, miedos, esperanzas… y las coloca como amenaza para el “resto” de la ciudadanía. Rajoy: “Hay que cambiar la ley (de extranjería) para no generar más problemas a los ciudadanos” (El País 17/1/2010). Porque claro, ¿cómo considerar ciudadana plena a una persona en esa situación? Desde luego, el presidente del PP ni se acerca a considerarlo. Una vez más, se hace hincapié en la dicotomía del “nosotros” y “ellos”, en el “con derechos” y “sin derechos”.

El Gobierno del PSOE acaba de aprobar la enésima reforma, aún más restrictiva, de la Ley de Extranjería por la cual, entre otras cosas, se podrá privar de libertad hasta 60 días a quien se encuentre en situación administrativa irregular. Recordemos que no hay delito, sino una infracción administrativa.

Seguimos asistiendo a la institucionalización de la desigualdad de derechos. Se mantiene, sí, la discriminación. Vivimos en un sistema político y en una sociedad que aprueba esa discriminación, a la vez que se horroriza de las vergüenzas históricas de la segregación racial, de la negación de derechos de las mujeres, de la esclavitud, de la expulsión de la población judía y musulmana, etc. No han cambiado tanto las cosas. En la sociedad contemporánea se siguen cometiendo barbaridades, aquí al ladito. Las personas extranjeras que residen en Vic y no tienen papeles, como las de Abanto-Zierbena (Bizkaia) que denunciaron ante SOS Racismo que se les negara el empadronamiento, son también vecinas del municipio y deben empadronarse. El empadronamiento es la condición sine qua non poder acceder a la sanidad, la educación y los servicios sociales de base. La irregularidad acarrea ya de por sí innumerables dificultades laborales, sociales y económicas. Si además se les niegan derechos universales como el acceso a la sanidad y a la educación, la opresión y exclusión que pesará sobre sus vidas será difícilmente superable.

Sabiendo todo esto, continuamos escuchando que son una amenaza al sistema, a la sociedad del bienestar, a la seguridad ciudadana, a las conquistas laborales.

Una persona no elige no tener papeles, sino que se ve abocada a la irregularidad por las barreras normativas impuestas por los países de acogida. Las personas inmigradas tienen en común que un día decidieron, cada una motivada o empujada por diferentes circunstancias, salir de su país de nacimiento para desarrollar un proyecto de vida mejor en otro lugar del mundo. Se encuentran con que una vez aquí, si no han conseguido una autorización antes de venir (cosa harto improbable en la actualidad, especialmente sangrante si vienes de un país africano), se les exigirá demostrar tres años de residencia continuada, arraigo social y una oferta laboral a jornada completa de un año de duración para poder acceder a la regularidad, a los papeles. Mientras tanto, irregularidad, miedo, desconfianza, exclusión, explotación, abusos.

Nadie desea estar en esa situación; partamos de esa básica premisa. Insinuar que estas personas puedan suponer una amenaza para la población autóctona es una obscenidad insufrible que alimenta el rechazo, el odio y, en definitiva, el racismo a todos los niveles. La integración exige el reconocimiento del “otro” como igual.

Sin igualdad no puede haber bienestar para nadie. Señalemos con firmeza que son las políticas neoliberales y los gobiernos que las aplican las responsables y culpables de la desigualdad. El mero hecho de que existan personas en situación de desigualdad, despedaza la ilusión de que vivimos en una sociedad justa y avanzada. Nunca olvidemos que a todos los seres humanos se nos reconoce dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables. Las personas sin papeles no son una excepción.