La polémica política sobre inmigración generada por el Ayuntamiento de Vic podría acabar en los tribunales. Cuatro asociaciones de inmigrantes anunciaron ayer que llevarán el caso al Tribunal Constitucional si el consistorio barcelonés ejecuta finalmente la medida de negar la posibilidad de empadronarse a los inmigrantes ‘sin papeles’. No obstante, la Generalitat de Cataluña garantizó ayer que la ley es clara y obliga a los municipios a registrar a los ciudadanos extracomunitarios sin el visado en regla, por lo que se encargará de que nadie se salte la norma.

Los colectivos Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari – Perú acusan al Ayuntamiento de Vic de cometer una «irresponsable manipulación» de la ley de Extranjería y de la ley Reguladora de Régimen Local «con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas». Asimismo, recuerdan que si se ejecuta tal prohibición tendría consecuencias directas en aspectos básicos como la salud o la educación, porque sin empadronamiento no se puede acceder ni a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización.

La queja de las asociaciones llega el mismo día en que nuevas voces del Gobierno central piden al alcalde de Vic, Josep María Vila, que rectifique. Tanto Manuel Chaves como Alfredo Pérez Rubalcaba insistieron ayer en que el acuerdo municipal, que aún no se ha hecho efectivo, «es manifiestamente ilegal».