La disposición del Ayuntamiento de Vic a elevar las exigencias formales para el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular, más allá de lo que dispone la normativa vigente sobre Extranjería, ha reabierto el debate general sobre el entronque legal y social de los recién llegados; y lo está haciendo en un país seriamente afectado por la crisis económica justo en aquellos sectores que, como la agricultura y la construcción, rindieron tanto en los años de bonanza a cuenta de esa misma inmigración. Pero el hecho de que las corrientes más críticas con el actual estado de cosas, a las que se ha sumado el Partido Popular, no deban olvidar un pasado tan reciente, tampoco implica que las citas a la legalidad frente al conflicto suscitado en el municipio catalán, en el madrileño de Torrejón y eventualmente en otros sean suficiente para afrontar el desafío que representa la imparable acogida de nuevos inmigrantes. Aunque lo que no tiene cabida alguna en el ineludible debate sobre el futuro legal de la inmigración es la imputación gratuita de culpas y sospechas a quienes tratan simplemente de acceder a una vida más digna.