El Gobierno insiste en  que será la Abogacía del Estado la que decidirá sobre la legalidad de la medida.

«Todavía no hay nada claro, parece que el PSC ha cambiado de postura y podría dar marcha atrás, incluso se ha disculpado ante los inmigrantes». Con estas palabras el portavoz de la asociación de magrebíes Amazigh de Vic, Mohamadi Boussiane, confirmaba ayer que el PSC empieza a «arrepentirse» sobre la polémica iniciativa de no empadronar a los inmigrantes ilegales.
La nueva comisión formada por seis miembros de las asociaciones de inmigrantes, cívicas y sociales de Vic, creada para debatir con el Ayuntamiento la nueva propuesta, se reunió ayer ayer por la noche con el alcalde Josep Maria Vila d’Abadal (CiU). El día anterior la comisión mantuvo un tranquilo encuentro con el segundo teniente de alcalde de la localidad catalana, Josep Burgaya (PSC), en que «pidió perdón» públicamente a las entidades presentes.
El socialista, que ha decidido no seguir con las órdenes de su partido y dar su apoyo al Consistorio viguetano, «pidió disculpas por la situación dada y los problemas que se habían suscitado», según el presidente de las asociación de ecuatorianos, Carlos Ordóñez. «Dijo que no había sido su intención sacar esta normativa y que querían hacer las cosas mejor», recordó Ordóñez.

«Confiamos en el Gobierno»
A pesar de las buenas intenciones hacia el colectivo de inmigrantes, que en este municipio alcanzan los 10.500 ciudadanos,  tampoco se les informó de la carta jurídica realizada por el despacho de abogados Roca i Junyent que avala la propuesta. «Lamentablemente nos hemos enterado por la Prensa, nadie del Ayuntamiento nos ha explicado nada a pesar de que nos dijeron que nos mantendrían informados», criticó Ordóñez.
Ayer por la noche el alcalde convergente y su equipo, formado junto a PSC y ERC, recibió de nuevo a los representantes de esta comisión, que «siguen confiando en la actuación del Gobierno para acabar con la iniciativa». 
En la charla, Vila d’Abadal explicó a la comisión de inmigrantes la petición realizada al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de informar por escrito de los requisitos de los pasaportes para empadronar a los extranjeros no comunitarios. Ante la consulta de Vic, el ministro  Rubalcaba avanzó ayer que se «informará al Consitorio a través de la Abogacía del Estado». El ministro confía en que esta polémica «se solucione en las próximas horas». «Espero que el buen sentido del alcalde de Vic permita una resolución del conflicto»,  dijo Rubalcaba, quien reiteró que «a pesar de informarse, los consistorios deben empadronar a estas personas».
Mientras, la rebeldía de los concejales del PSC se une a los de ERC, creando fracturas en ambos partidos. Así, un grupo de militantes de ERC del municipio catalán se  desmarcó ayer de la postura de su partido en el Ayuntamiento haciendo pública una declaración en la que critica la medida.  «Cerca de un 20% de la militancia de ERC en Vic estamos en contra de cualquier medida que impida a los inmigrantes cumplir con su obligación de empadronarse, les relegue a la inexistencia legal y les impida recibir asistencia sanitaria, ayudas sociales y escolarizar a sus hijos, condenándolos a enfermar y al analfabetismo», señalaron.
Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, desafió las consignas de la Generalitat de no usar el debate de los «sin papeles» en la precampaña catalana y dijo  que abordará el tema «sin complejos». «El padrón es la puerta de atrás para los ilegales», aseguró.

Josep Burgaya Riera / El rebelde
El concejal del PSC en Vic es el segundo teniente de alcalde y presidente del Área de Economía y Hacienda. Este político y profesor, licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia Contemporánea, ha desafiado las directrices de su partido apoyando el veto a los «sin papeles». Como presidente de los Servicios del Consejo Comarcal de Osona, fue el encargado de reunirse el lunes con las asociaciones de inmigrantes.