Más que intentar comprender lo que ha movido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic (integrado por CiU, PSC y ERC) a plantear una medida tan controvertida y discutible como negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular, ciertos entornos políticos, sociales y mediáticos han decidido hacer lo más fácil, lo que más vende: linchar a los políticos y a los ciudadanos de la capital de Osona. Pone los pelos de punta comprobar la cantidad de falsedades y descalificaciones que se han vertido, en pocos días, sobre una ciudad que ha sido y es ejemplar a la hora de gestionar la llegada y el arraigo de personas extranjeras. Vic, debemos recordarlo, ha destacado a la hora de impulsar medidas efectivas que evitan la fractura social.

Valga como ejemplo de desfiguración lo escrito en un blog vinculado a un diario importante de Madrid: “Si no se persigue primero, por pocos que sean, a los ciudadanos blancos e inmaculados de Vic de manos manchadas y sucias porque malcontratan trabajadores, alquilan fortunas por pisos patera, porque cargan más de lo debido en hipotecas y créditos y que durante años y años se han aprovechado y enriquecido a costa del sudor de estos ciudadanos que ahora quieren marcar como judíos en tiempos de Hitler, si no se acaba primero con estos miserables, ante lo único que estamos es ante unos políticos cobardes y chivatos que actúan (ojo, no lo olvidemos) con la displicencia de los que mandan más arriba (en Madrid y Barcelona)”. Así, con tanta finura, analizan los campeones del progresismo oficial lo que está pasando. Celebremos, al menos, que el president Montilla se haya opuesto al linchamiento del Consistorio de Vic, algo que otros socialistas no han tenido el coraje ni la coherencia de hacer.

En este contexto retórico e ideológico, es difícil, casi imposible, que el debate sobre la gestión de la inmigración se desarrolle de manera documentada y racional. Es un terreno en el que sólo están cómodos los extremos, ya sean los xenófobos de ultraderecha o los buenistas de ultraizquierda, unidos ambos por el cinismo y el cultivo de la demagogia que sustenta sus respectivos programas maximalistas e inaplicables. Unos prometen un país sin inmigrantes y otros prometen una inmigración sin límites ni cuotas. En medio, los grandes partidos democráticos tratan de conciliar –con realismo y prudencia– intereses diversos, derechos en colisión y recursos escasos, evitando estallidos sociales. Pero, a veces, como han hecho el PSOE y Zapatero ante el debate de Vic, los que tienen mayores responsabilidades actúan tramposamente; el Gobierno central, en vez de reconocer las contradicciones legales y los repetidos fallos en sus competencias, ha optado ahora por dar lecciones solemnes de moralina a la administración local, obviando que la última ley de Extranjería –de acuerdo con las directivas europeas– determina la expulsión de los inmigrantes sin visado, extremo que no se lleva a efecto, generando así un problema enorme para los municipios, como bien sabemos en Barcelona.

El equipo de gobierno de Vic trata de mantener un modelo plausible de integración y cohesión mediante una medida errónea o inadecuada, como es el uso del padrón para controlar el flujo migratorio. El control de la entrada de extranjeros –ley en mano– compete sólo a las autoridades centrales. Lo que tenemos delante no es un problema de racismo –como propagan los relatos escritos antes de mirar la realidad– sino el producto de tres factores endiabladamente revueltos: la crisis económica que castiga los consistorios que gestionan muchos servicios básicos, una legislación que da mensajes contradictorios sobre el estatus de los inmigrantes sin documentos, y la actitud abandonista y farisaica de un Gobierno central que deja a los ayuntamientos solos ante un desafío que les supera, en frentes tan sensibles como la educación, la vivienda, la sanidad y el empleo. Los concejales de CiU, PSC y ERC se han equivocado al pensar que el padrón les serviría para evitar el colapso del modelo de ciudad, pero ello no les convierte en racistas ni en seguidores de las tesis del ultraderechista Anglada. Las posiciones excluyentes de la xenófoba Plataforma per Catalunya se ubican fuera de los consensos básicos de nuestro sistema. Es cuando los partidos democráticos esconden la cabeza bajo el ala y niegan los problemas que este peligroso populismo avanza, no al revés. Europa tiene varios casos así.

Lo que se ha planteado en la capital de Osona no tiene recorrido legal ni político, como ya se ha dicho desde diversas instancias, aunque algún dictamen jurídico exponga lo contrario. Pero pone sobre la mesa una pregunta clave cuando hablamos de política e inmigración: ¿Qué es lo que debe hacer cada administración para que las cosas funcionen? El PSOE, precisamente con el apoyo de CiU, ha remodelado recientemente la ley de Extranjería para ponerla al día, pero esta cuestión fundamental sigue sin ser contestada claramente. Tampoco el Pacte Nacional per a la Immigració, suscrito por todos los partidos catalanes, arroja luz al respecto. He ahí el reto de muchas localidades, que se han convertido en trinchera y laboratorio apresurado de la integración, a menudo sin los recursos ni los apoyos suficientes para que esta empresa se complete con éxito. Vic, con un 25% de población de origen extranjero, ha lanzado una señal de alarma porque quiere defender sus logros, que benefician a todos empezando por los recién llegados. Merece que escuchemos sus razones con atención.