FIDEL MASREAL
BARCELONA

El Ayuntamiento de Vic ha solicitado al Gobierno a que avale por escrito los pasaportes de ciudadanos extranjeros que no vayan acompañados del visado de entrada legal en España. En una instancia remitida ayer por el consistorio al Ministerio del Interior, Vic traslada la patata caliente sobre el empadronamiento o no de sin papeles al Ministerio del Interior. El consistorio viene a pedirle a la administración central que diga públicamente si, en palabras de un concejal de la capital de Osona, «hay que seguir mirando hacia otro lado» cuando un inmigrante con un pasaporte irregular acude a registrarse.
Como había anunciado, Vic hizo llegar ayer sus argumentos al ministerio apoyándose en un informe jurídico del bufete de Miquel Roca Junyent que apoya las razones del equipo de gobierno local, que se escuda en la ley de extranjería en lo referido a la entrada de ciudadanos en territorio español. El Ayuntamiento de Vic hace un silogismo: si para acceder a España es necesario un visado, para comprobar los datos legales del extranjero que quiere empadronarse sería lógico pedirle ese visado.

RESIDENCIA «La ley atribuye a los visados de residencia la habilitación para residir en España. Estas disposiciones guardan especial relación con el artículo 15 de la ley de Bases de Régimen Local que establece la inscripción en el Padrón Municipal como una obligación de los que residen habitualmente en un municipio», reza el texto hecho público por el Ayuntamiento basado en el dictamen del bufete de Roca.
El documento sostiene que el plan de empadronamiento de Vic cumple de forma «estricta» con la ley. Pero admite que voces «presumiblemente autorizadas» han cuestionado las intenciones del consistorio que forman CiU, PSC y ERC. Es por ello que consulta al ministerio del Interior «si se ha de considerar válido y suficiente un pasaporte que no cuente con el perceptivo visado» antes de aplicar sus planes.
El Ministerio del Interior no se pronunció ayer públicamente sobre la consulta salvo para decir que está estudiando la respuesta. Sí hablaron el Col·legi d’Advocats de Barcelona y el Consejo General de la Abogacía (CGA), que coincidieron en que la respuesta del Ejecutivo debería ser un no rotundo. Lo que plantea Vic está «injustificado», dijo el presidente de la subcomisión de extranjería del CGA, Pascual Aguelo. Para este jurista, el consistorio confunde la ley de extranjería, sobre la que no tiene competencias, con la norma que regula el padrón, que es la ley de bases de régimen local. «El pasaporte debe ser suficiente», insiste ya que la exigencia de visado se limita a la entrada y salida de España.

EL PADRÓN NO LEGALIZA / El presidente de la comisión de extranjería de los abogados españoles explicó que la normativa sobre extranjería invocada por el consistorio aclara que el empadronamiento no añade ni restringe los derechos y obligaciones inherentes a la entrada en territorio español. «Empadronarse no equivale a transformar la residencia en España en una residencia legal», aclara Aguelo.
En el mismo sentido se expresó Eva Izquierdo, en representación de la comisión de defensa de los derechos de la persona del Col·legi d’Advocats. Izquierdo considera que la ley de bases de régimen local es muy clara cuando indica la «obligación» de toda persona que «viva» en España a empadronarse. Esta jurista también cita la ley de extranjería cuando, en su artículo 6.3., exige a los Ayuntamientos que incorporen al padrón a todos los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio.

ARRAIGO / Izquierdo también recuerda que no es necesario exhibir un visado para demostrar la residencia legal en España, dado que se puede obtener la misma por motivos de arraigo. «Todo pasaporte en vigor expedido por el país de procedencia es válido», insiste.
Con estos argumentos, es previsible que la respuesta del Gobierno a los planes de Vic será negativa. De hecho, el propio ministro del Interior avanzó ayer, horas antes de hacerse público el punto de vista del consistorio, que se debe empadronar a los sin papeles porque el padrón sirve para saber que existen estos ciudadanos y porque tienen derechos sociales. «La abogacía del Estado cogerá la normativa en vigor y dirá lo mismo », dijo Alfredo Pérez Rubalcaba a la SER.