F UE la gran apuesta social de Zapatero de la mano de su entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera. Un “papeles para todos” que se convirtió en uno de los grandes fracasos de su primera legislatura. Tan grande, que voces autorizadas del socialismo aseguran que Zapatero no contó con Caldera para su nuevo gobierno por aquella legalización masiva de inmigrantes. Como si aquella iniciativa se hubiera hecho al margen del presidente.

Aquella política de regularización fue un fiasco. Entre otras razones porque se anunció varios meses antes de llevarla a la práctica y provocó un efecto llamada de tal magnitud, y tan bien organizado por redes de inmigrantes, que muchos recién llegados consiguieron su documentación mientras otros que llevaban años en España y no acudieron a empadronarse por miedo a la expulsión no lograron su sueño de verse con los papeles en regla.

Zapatero y su Gobierno han endurecido la política de inmigración, hasta el punto de que han tomado decisiones inauditas como controlar estaciones de metro, supermercados y lugares habituales de reunión de extranjeros, donde la policía pide documentos de forma indiscriminada. De esa situación, que Rubalcaba negó que fuera real pero que ha existido y existe, se pasa a la ambigüedad con que se ha recibido la propuesta del alcalde de Vic, de CiU, que no quiere empadronar a quienes no cuentan con un visado de entrada en España. Lo que, aparte de ser ilegal, choca de lleno con algo fundamental como es el sentido humanitario pues deja sin asistencia sanitaria y educativa a los inmigrantes y además es contradictorio con las normas actuales de regularización, que afectan a quienes han permanecido tres años en nuestro país y pueden demostrarlo con el empadronamiento.

Sin embargo, hipocresías fuera, es evidente que con la crisis que sufrimos y con los índices tan altos y preocupantes de desempleo, no estamos en condiciones de asumir el coste que implica aceptar a centenares de miles de personas que pretenden rehacer su vida en España, y a los que evidentemente hay que atender en cuestiones fundamentales: una vida digna, atención médica y escolarización de sus hijos. Por tanto no se puede aceptar la decisión del Ayuntamiento de Vic, cada vez con mayor porcentaje de población inmigrante que el consistorio afirma que no puede atender; pero tampoco es aceptable que apliquen sus normas sin tener en cuenta las leyes y los criterios comunes a toda España.

Hacer política y electoralismo con los inmigrantes debe ser definitivamente cosa del pasado. Ahora es el momento de abordar sus problemas con realismo y sin demagogias.